MADRID (EFECOM). Tras su absolución por la salida a bolsa de Bankia, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato tiene ahora vía libre para que le concedan el tercer grado o el régimen de semilibertad, ya que a finales del pasado año cumplió más de un cuarto de la condena por las tarjetas "black" de Caja Madrid.
Desde octubre de 2018 Rato cumple una pena de cuatro años y medio por las "black" en la prisión madrileña de Soto del Real y aunque en diciembre de 2019 ya podría haber accedido al tercer grado, hasta ahora se le ha denegado.
El argumento era que Rato aún estaba pendiente de la sentencia por la salida a bolsa de Bankia, donde la Fiscalía Anticorrupción pedía para él ocho años y medio de prisión por estafa a inversores y falsedad contable, y que finalmente se ha conocido este martes.
Desde su entorno siempre han defendido que el tercer grado no podía depender del devenir del caso Bankia, ya que hacerlo suponía vulnerar la presunción de inocencia que acompaña al acusado.
La "semilibertad", por lo general, se suele conceder a los reos que, como el exministro, hayan cumplido al menos un cuarto de su condena, aunque también puede decretarse a tenor de otros aspectos como la personalidad, el historial individual, familiar o social del interno, la duración de las penas o el medio al que retorna.
Ahora, una vez conocida la sentencia por la salida a bolsa de Bankia y la absolución de Rato por parte de la Audiencia Nacional, el que fuera además ex director gerente del FMI tiene vía libre para acceder al tercer grado y poder abandonar la prisión, de la que ha salido en contadas ocasiones.
Hasta el momento Rato ha tenido varios permisos extraordinarios y ordinarios -entre otros motivos, para acudir a revisiones médicas- y varias visitas como premio por su buena conducta y al no existir riesgo de fuga.
La absolución en el caso Bankia supone un punto de inflexión en el calvario judicial que, según su entorno, comenzó en el verano de 2012, poco después de la salida de Rato de la presidencia de la entidad financiera.
Aún así, el exvicepresidente del Gobierno sigue teniendo abierto otro frente judicial desde 2015, cuando un juzgado de Madrid inició una investigación sobre el origen de su patrimonio, pendiente aún de juicio y en la que Rato se enfrenta a cuatro años de prisión y a una multa de 2,5 millones de euros.
De llegar a celebrarse, en el banquillo estaría acompañado de viejos allegados como su secretaria personal, Teresa Arellano, o sus supuestos testaferros Alberto Portuondo y Miguel Ángel Montero.
También del ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, su compañero de viaje no sólo en ambas entidades sino también en su periplo judicial.
Después de casi cuatro años de pesquisas, el juez acordó en febrero de 2019 el procesamiento de Rato por su presunto trato de favor con las agencias publicitarias Zenith y Publicis, que en su momento se encargaron de dar a conocer la marca Bankia.
Según la Fiscalía Anticorrupción, el exministro decidió sacar provecho económico para favorecer a ambas firmas a cambio de comisiones por dos millones de euros, de los cuales personalmente habría percibido 835.024 euros a través de Kradonara 2001, considerada epicentro de su entramado societario.