La Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía piden parar la votación que cambiará el Tajo-Segura

MURCIA. La Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía han hecho llegar al Ministerio de Transición Ecológica una petición conjunta para paralizar la votación que pretende cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura (y reducir así los caudales mensuales que reciben estas tres regiones), y barajan emprender todas las medidas legales a su alcance para intentar paralizar dicho cambio.

Así lo han anunciado la consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà, y su homólogo murciano, Antonio Luengo, tras una reunión en la Región con representantes de la comunidad de Riegos de Levante y del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura (Scrats). "Oposición frontal y sin fisuras" a la propuesta de modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, una amenaza consolidada", en palabras de la consellera valenciana.

Mollà ha hecho estas declaraciones en el marco de una cumbre en Murcia junto a su homólogo de Murcia, Antonio Luengo, y los presidentes de Riegos de Levante, Javier Berenguer, y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez. El objetivo del encuentro ha sido el de visibilizar un frente común, con Murcia y Andalucía, en la defensa "nítida, avalada y clara" de las transferencias de agua en los actuales términos, así como el de trabajar en estrategias conjuntas.

En esta línea, la consellera ha anunciado que las tres comunidades autónomas han remitido un escrito al Consejo Nacional del Agua y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para "parar inmediatamente" la votación que pretende cambiar las reglas de explotación del trasvase, una decisión que encara esta semana su segunda vuelta.

"El orden en este caso altera el producto. Los caudales ecológicos que se definan en la planificación hidrológica del Tajo -ahora mismo en proceso de elaboración- determinarán el futuro del trasvase", ha asegurado la titular del departamento de Agricultura valenciano. Ha subrayado, además, que "ningún argumento técnico certifica la validez de pretender subir el caudal ecológico en Aranjuez. Cualquier incremento será una merma y un ataque directo a nuestros regantes y al agua que necesitamos estas tres comunidades".

Ahondando sobre los caudales ecológicos, Mollà ha puesto el acento en el déficit de depuración del río en Madrid y Castilla-La Mancha y ha calificado de "acuerdo insólito" la solicitud de Murcia, Andalucía y la Comunitat Valenciana de "destinar fondos de recuperación para otros territorios, con el fin de invertirlos en depuración y mejorar el estado del río".

"El problema del río no son los regantes, no son los caudales ecológicos, no es nada técnico, es una cuestión política", ha indicado la consellera, y ha instado al Ministerio de agricultura a "dejar de lado el partidismo y hablar de un económico fundamental del que dependen muchas bocas de en nuestras comunidades y muchas bocas que comen los productos que cultivan nuestros agricultores y agricultoras".

"Todas las medidas judiciales a nuestro alcance"

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha adelantado que, en el momento en que se formalice cualquier modificación en el decreto, la Comunitat activará "todas las medidas judiciales a nuestro alcance". Mollà, no obstante, ha hecho un llamamiento al diálogo y a las propuestas que la Generalitat va a seguir planteando desde la sensatez, el rigor y el consenso para convencer sobre una respuesta alternativa. Asimismo, y tras reconocer que la reutilización o la desalación son otros de los asuntos de discusión, ha alentado a no perder el foco sobre el "elemento trascendental" que son las reglas de explotación.