MURCIA. El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado al Gobierno de Aragón y al Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPIs) a los sanitarios del grupo de clasificación A en todos los centros sanitarios y socio-sanitarios, públicos o privados, de la provincia.
Se trata del primer pronunciamiento que se produce en España de estas características. Es pues la primera condena contra una administración pública que se produce, según interpreta la juez, por haber vulnerado los derechos de los trabajadores públicos.
Se estima así la demanda que presentó el sindicato de médicos Fasamet contra el Gobierno de Aragón y los dos organismos que de él dependen por no proporcionar los equipos adecuados para protegerse del riesgo de contagio por la covid-19.