MADRID. El Ministerio de Hacienda parece decidido a resolver por la vía rápida el mecanismo para repartir entre las CCAA 13.486 millones no reembolsables en compensación por el impacto de la covid. A diferencia del año pasado, cuando la asignación fue precedida de una ardua negociación entre Gobierno y autonomías, esta vez no se debatirán los criterios en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Así se desprende del email remitido este miércoles a las consejerías de Hacienda de todas las CCAA en el que María Jesús Montero les plantea dos únicas posibilidades. Y ninguna es favorable a los intereses de la Región de Murcia ni de la Comunidad Valenciana. En concreto, les insta a que se decanten entre el PIB y la población ajustada como criterios sobre los que calcular que porción les corresponde de los fondos millones a repartir este año. Las regiones tienen hasta el día 25 para responder.
Aunque Hacienda admite que algunas CCAA "podrían creer más adecuados criterios alternativos a los indicados", considera más conveniente que la elección "se centre entre los dos enunciados", una postura que remplaza la negociación entre Gobierno y comunidades por la imposición de dos únicos criterios.
Sin ir más lejos, la propia Región de Murcia puede ser una de las regiones interesadas en aplicar esos criterios alternativos. En concreto, su aspiración sería que el reparto se decidiera en función de la población real –el 3,19% del total– y no de la ajustada, ya que este último parámetro, que es el que se aplica en el modelo de financiación autonómica, tiene en cuenta factores como la dispersión o la insularidad que operan en contra de los intereses murcianos y valencianos pero benefician a regiones como Cantabria o Galicia.
La petición de Montero a las CCAA para que esta vez elijan entre población ajustada o PIB llega apenas dos días después de que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicase un estudio en el que, a falta de la reforma del sistema de financiación, proponía al Gobierno central repartir los fondos covid de 2021 con criterios de nivelación para que las regiones peor financiadas, como la Comunitat Valenciana o Murcia, pudieran aproximarse a la media en recursos por habitante ajustado.
Las dos alternativas que ha propuesto Montero, sin embargo, no atiende ni esta sugerencia de Fedea ni la reivindicación del Gobierno valenciano para que se habilite un fondo de nivelación transitorio para compensar a las CCAA peor financiadas mientras se aborda la reforma pendiente del modelo.
Al contrario, tal y como refleja Ángel de la Fuente en el estudio de Fedea, el Ministerio de Hacienda solo propone alternativas que perpetúan el statu quo vigente en el actual sistema de financiación, lo que incluso con las transferencias extraordinarias por la covid relega a la Comunitat Valenciana a la cola de las autonomías junto a la Región de Murcia en financiación por habitante ajustado.
Montero condiciona la reforma de la financiación a la "disposición al avance" de partidos y CCAA
Aplicar al reparto de los fondos covid el criterio de nivelación atendiendo a la población real, no la ajustada, supondría la llegada a la Comunitat de 1.370 millones adicionales cada año, según cálculos de la Conselleria de Hacienda.
Pero Montero no se plantea aplicar al reparto de los fondos covid el criterio de nivelación atendiendo a la población real, no la ajustada. De hecho, en su visita a Valencia para participar en la clausura del congreso federal de la UGT, la ministra defendió que, gracias al Gobierno, la Comunidad Valenciana recibió el pasado año 2.500 millones adicionales mediante el mencionado fondo covid, las entregas a cuenta del sistema de financiación –que se calcularon como si no hubiera habido pandemia para no perjudicar a las CCAA– y los fondos sociales extraordinarios. Se trata, de hecho, de una suerte de financiación por la puerta de atrás que, si bien alivia las arcas de Valencia, no resuelve su problema de fondo.
"No sé si a eso se le podrá llamar nivelación, pero si no hubiera tenido" esa financiación, los ingresos de la Comunidad Valenciana habrían caído un 2,45% en 2020 en lugar de aumentar un 11,2%, como lo hicieron gracias al apoyo extra del Gobierno, replicó la ministra.