VALENCIA. Me había propuesto no escribir del monotema pero me veo obligado a hacerlo, aunque sea tangencialmente, para llamar la atención sobre la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para ganarse el nihil obstat de buena parte de la ciudadanía y hasta de la Iglesia hacia los indultos. Una estrategia ya utilizada en otras ocasiones que, aplicada a la reforma del sistema de financiación autonómica, deja sin excusas de mal pagadora a María Jesús Montero, que dice que no va a abordar la reforma porque no hay consenso. Pues hagamos que lo haya.
Cuando [el conseller valenciano de Hacienda] Vicent Soler presente el enésimo informe encargado al Ivie, en forma de "documento de referencia" con la propuesta valenciana, debería añadirle un anexo con la hoja de ruta política. Más que nada, para que el trabajo de los expertos capitaneados por Paco Pérez no acabe en el mismo cajón que todos los documentos que, desde tiempos de Moragues, hemos presentado en el Ministerio de Hacienda —"¿otro informe?", se rio Cristóbal Montoro cuando en TV3 le preguntaron un día por una propuesta que acababa de presentar Alberto Fabra—. Presentemos otro documento, pero no solo con propuestas sobre el reparto, sino sobre cómo convencer a España de la imperiosa necesidad de esa reforma que Montero dice que es tan difícil. Tanto, que ha tirado la toalla antes de intentarlo.
La fórmula es la misma que el Gobierno ha puesto en marcha en numerosas ocasiones con asuntos harto complicados como el acuerdo con Bildu, la subida del SMI, la eutanasia, el peaje en las autovías —todavía no consumado— y, esta misma semana, los indultos. Una estrategia que consta de tres pasos: globo sonda, concienciación y hechos consumados. Si lo hace con habilidad, esta vez Sánchez no tendrá ni que mentir.
Es la especialidad del Ejecutivo, que no toma ninguna medida importante sin antes haberla filtrado a los medios de comunicación para calibrar la reacción de la ciudadanía. Esta forma poco ortodoxa de tomar decisiones obliga a veces a retrasarlas —peajes en las autovías—, dando tiempo al Gobierno a completar la fase dos en busca de mayor apoyo popular.
En el caso de la reforma de la financiación autonómica, lo primero es que Montero presente la propuesta gubernamental que la ministra no ha sido capaz de redactar en tres años. Una propuesta con más dinero para las autonomías, porque si la Administración General del Estado no afloja, es imposible la reforma. Una vez elaborada, y antes de presentarla a los consejeros autonómicos, deberá filtrarse a la prensa en forma de "borrador" para que comience el debate, para que arranque la fase dos.
Es la etapa más importante. Abierto el debate, la estrategia comienza con el Gobierno y los partidos que lo forman coreando un argumentario que en el caso que nos ocupa sería mucho más fácil de defender que los indultos. El mensaje: el modelo de financiación de las CCAA está obsoleto —caducó en 2013— y es injusto, especialmente en los casos de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. A lo mejor hay que meter a Galicia, que está en el límite, para tener a tres del PP, y a Cataluña para dificultar el rechazo de los independentistas, aunque Cataluña no está infrafinanciada desde que Zapatero se lo arregló en 2009. Es pues, una medida social, progresista, de justicia, que garantiza la cobertura pública de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pueden hasta echar mano de la Constitución, citando la necesidad de que se cumpla el artículo 156.
Cuenta la leyenda que Iván Redondo es el gran estratega, pero no está solo. La Moncloa tiene cientos de asesores especialistas en colocar mensajes en una sola dirección. Si quieren más argumentos, pueden desempolvar los informes presentados por la Comunidad Valenciana o utilizar los gráficos de Ángel de la Fuente publicados por Fedea.
La movilización, como es lógico, debe contar con la colaboración de los medios de comunicación de ámbito nacional, predispuestos siempre a hablar todos de lo mismo. La agenda informativa la marcan la Moncloa y dos o tres medios afines al Ejecutivo, así que no será difícil. Si hemos estado tres semanas sin hablar de otra cosa que de los indultos, llenemos las portadas de los periódicos, las tertulias, los salvados y los rojos vivos con el problema de la financiación autonómica. Que no se hable de otra cosa.
Habrá que calentar el ambiente —si no, no hay audiencia— poniendo el micrófono a todos los presidentes autonómicos para que digan la suya, incluido Iñigo Urkullu, que esto ni le va ni le viene porque País Vasco y Navarra están fuera del modelo de financiación autonómica. Ahí Ximo Puig y Baldoví deben ser valientes y plantear que se añada a la propuesta gubernamental no el fin del Cupo, que no se va a acabar, pero sí que estas dos CCAA ricas y mejor financiadas que ninguna otra gracias al sistema foral contribuyan a la convergencia, a ayudar a las más pobres, cosa que ahora no hacen porque se limitan a contribuir a los gastos generales del Estado con una fórmula que es como el recibo de la luz, nadie la entiende pero ellas siempre ganan. Eso servirá para meter miedo a PNV y Bildu, a los que Sánchez pedirá el voto a favor —se suelen abstener— a cambio de no tocarles lo suyo en esta reforma.
Puig debe dejar de justificar los retrasos del Gobierno y lanzarse a hablar del problema a diestro y siniestro, colar el mensaje en cualquier momento. Tiene, además, el aliciente de no dejar que Mazón le tome la delantera, ya que el nuevo líder del PP valenciano no ha dudado en coger las banderas de la financiación y el trasvase Tajo-Segura en cuanto ha visto al president y a todo el PSPV contemporizar con las decisiones del Gobierno "contra los valencianos".
La reforma tiene, a priori, al PP de cara, con el apoyo de destacados barones como Moreno Bonilla, López Miras y hasta Feijóo, además de Mazón. No será difícil que Salvador Navarro consiga que se sume Garamendi y tampoco estaría de más que los obispos se pronunciaran al respecto, ya que han entrado en lo de los indultos.
El aderezo a la campaña gubernamental sería, cómo no, la encuesta del CIS convenientemente cocinada por Tezanos. El CIS nunca pregunta por la financiación autonómica, pero seguro que si sondea a los ciudadanos sobre si son partidarios de que el Gobierno de Sánchez reparta más a las CCAA y, sobre todo, que reparta mejor, la respuesta es positiva.
Mentalizada la ciudadanía, queda rematar la faena con la aprobación de la propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la aprobación del proyecto de ley orgánica. Si Sánchez ha hablado de "concordia" para justificar los indultos, aquí podrá hablar de "justicia". Una reforma que debería ir en línea con la propuesta que ya hicieron los expertos en 2017, con más dinero para todas las CCAA pero especialmente para las que están por debajo de la media en financiación. Sin olvidar una solución para la llamada 'deuda histórica'.
Las principales beneficiadas serían las principales perjudicadas hasta ahora, entre ellas tres importantes baluartes del PP (Región de Murcia, Andalucía y Galicia) y dos del PSOE (Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha). ¿Dónde está el problema? ¿En Madrid? Ayuso se quejará, como siempre, pero es poco probable que trate de impedirlo si Génova lo aprueba. ¿En el voto en contra de Vox, que nunca ha sido un problema? Ah, en Cataluña. Otra vez Cataluña. ¡Vaya!