Las pensiones de los 'boomers'

MURCIA. Entre 1958 y 1977 se produjo en España una explosión de la natalidad que disparó la población. Nacieron cada año de esos dos decenios más de 650.000 personas, rozando las 700.000 algunos años, cifras que contrastan con los 339.000 nacimientos de 2020, la mitad. La caída del número de nacimientos a partir de 1978 solo tuvo una pausa cuando toda aquella generación, la conocida como del baby boom, estuvo al completo en edad de procrear a finales del siglo pasado y en la primera década de este. No es que tuvieran más hijos que la generación anterior o la posterior, sino que había más padres y madres. Esa generación empezará a jubilarse dentro de tres o cuatro años, lo que supone un reto para el Estado, que verá incrementarse su gasto en pensiones. A cambio, decenas de miles de puestos de trabajo quedarán libres cada año, lo que reducirá notablemente las cifras de paro.

Dice José Luis Escrivá que el pasado jueves no tuvo su mejor día. Cierto. Y que se le entendió mal. Falso. Se le entendió perfectamente cuando dijo que la generación conocida como baby boomers es "más ancha" y deberá asumir "algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo", tras lo que planteó que podrán "elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más".

Además de estropearle a Pedro Sánchez una de esas fotos propagandísticas a las que nos tiene habituados, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reveló cuál es su idea para ese mecanismo de equidad intergeneracional que ahora tiene que negociar con patronal y sindicatos después del acuerdo de mínimos que con tanta solemnidad se celebró en La Moncloa.

La revelación de Escrivá en TVE parecía un globo sonda de los que lanza el Gobierno para que nos vayamos preparando —a los que me referí la semana pasada— y, de hecho, algún tertuliano de los que suelen colaborar en las labores de concienciación se apresuró a dar la razón al ministro porque, claro, con tanto jubilado y tan pocos trabajadores, el sistema de pensiones "será insostenible" en pocos años. 

Pero vista la reacción del resto del Gobierno, parece que fue realmente un desliz, que el ministro dijo lo que pensaba el día menos indicado, justo antes de la foto. Lo que no se entiende es que Sánchez no lo haya cesado, no por robarle el protagonismo, sino porque este señor es encargado de encontrar una solución al "problema de sostenibilidad de las pensiones" que, como él mismo dijo "está muy concentrado coyunturalmente" en la generación de los llamados baby boomers.

La solución en la que está pensando el ministro es una burrada; una discriminación por motivos de edad, por haber nacido entre 1958 y 1977, que raya la inconstitucionalidad. Es como si se hiciera un "moderado ajuste" en la pensión de las mujeres por tener mayor esperanza de vida que los hombres.

Es una burrada, pero también un toque de atención. Lo que se tiene que negociar de aquí a noviembre, con el verano en medio, es "un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional" precisamente para que ninguna generación pague el desequilibrio poblacional producido por la alta natalidad de aquellos dos decenios frente al bajo número de nacimientos posterior. O mejor dicho para que, en caso necesario, lo paguemos todas por igual.

Esa era la idea, mal ejecutada, del Gobierno de Rajoy cuando introdujo el factor de sostenibilidad en 2013, que no llegó a entrar en vigor, y el factor de revalorización anual que garantizaba la subida de las pensiones pero sin ligarlas a la inflación. También, el retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años.

El acuerdo de mínimos firmado con toda solemnidad el jueves por patronales, sindicatos y Gobierno deroga el factor de sostenibilidad y liga la revalorización de las pensiones al IPC, lo que supone empezar a repartir el sacrificio en todas las generaciones, aunque los jóvenes no lo sepan. Si la inflación se dispara, y este año se está disparando, el Gobierno tendrá que destinar más parte de la tarta presupuestaria a las pensiones y tendrá menos dinero para atender el resto de nuestras necesidades. Es lo justo; lo injusto era lo contrario, quitar poder adquisitivo a los abuelos para que no perturbasen los presupuestos.

Pero a ese acuerdo de mínimos le falta lo importante, cómo encontrar un mecanismo de equidad intergeneracional que no suponga una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados del baby boom. Se habla de incentivos para quienes continúen trabajando más allá de los 67, pero no parece suficiente. La idea del ministro era un ajuste, que es como los políticos llaman a los recortes, pero, por fortuna, no parece que la patronal, los sindicatos y la mayoría de los partidos estén por la labor. 

Además, la fuerza electoral de los 14 millones de boomers unida a la de los jubilados de generaciones anteriores, que ya se están manifestando regularmente para defender sus intereses, no invita a pensar que ningún partido vaya a actuar contra sus intereses.

¿Entonces? Pues para eso están los políticos, para resolver problemas. Este se arrastra desde finales del pasado siglo, cuando el Pacto de Toledo, y el acuerdo que se firmó el jueves pone el listón muy alto: cómo hacer sostenible el sistema sin quitar poder adquisitivo a los jubilados. Preparen la cartera.