MURCIA (EFE). La Seguridad Social acumula una deuda de 55.021 millones de euros con el Estado a cierre de 2019, tras el préstamo de 13.830 millones de euros concedido este año y que se terminará de agotar en estos días con el pago de la doble nómina de diciembre de las pensiones.
Los presupuestos de 2018, prorrogados en 2019, contemplaban un préstamo con el objetivo de garantizar el pago puntual de las pensiones, del que se autorizó la disposición de 7.500 millones para hacer frente a la doble paga de julio.
Los 6.330 millones de euros restantes "han sido prorrateados en las nóminas de las pensiones de los cinco meses siguientes", de forma que sólo queda la cantidad correspondiente al mes de diciembre", han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Trabajo.
Para el abono de la paga de diciembre y de la extra de Navidad, el Gobierno ha aprobado un decreto ley que aumenta en 600 millones la transferencia del Estado a la Seguridad Social y amplía una línea de crédito con cargo a la previsión de mayores ingresos sobre el presupuesto inicial para 2019.
Estas partidas se sumarán a los 2.900 millones de euros que el Gobierno va a disponer de la llamada "hucha de las pensiones".
De esta forma, la Seguridad Social, que cuenta con un déficit de 18.000 millones de euros, se quedará con apenas 2.150 millones en su fondo de reserva.
El préstamo concedido en 2019 se suma al de 13.830 millones de euros aprobado en 2018 y al de 10.192 millones de 2017.
Ninguno de estos préstamos devenga intereses, tienen un plazo de cancelación de diez años y -salvo el de 2019- fueron totalmente utilizados para afrontar las pagas extra de los pensionistas.
Los préstamos del Estado a la Seguridad Social no son ninguna novedad, ya que en los años 90 concedió distintos préstamos por una cuantía total de 17.168,6 millones.
La mayor parte de esta deuda del siglo pasado corresponde a préstamos para financiar el déficit de la Seguridad Social que se instrumentalizaron entre 1994 y 1999, que no devengaban intereses y que debían reembolsarse a diez años vista.
No obstante, todos ellos han sido aplazados de década en década cuando vencían los plazos, salvo uno, por valor de 529,5 millones de euros concedido en 1999, cuyo plazo de cancelación -aplazado por diez años más en 2009- vence este año.
De hecho, el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 contemplaba en una disposición adicional una ampliación de su vencimiento hasta 2029, que quedó sin materializarse al fracasar su tramitación, si bien fuentes del Ministerio de Trabajo han asegurado a Efe que esta ampliación se acometerá en cuanto sea posible.
Además, el Estado otorgó otros dos préstamos en 1997 y 1998 por valor total de 4.207 millones para solventar desfases de la Tesorería de la Seguridad Social generados por el retardo en el cobro de las cotizaciones recaudadas vía ejecutiva o por su ausencia de cobro.
Estos dos préstamos, que recogían sendos presupuestos generales del Estado, no contemplaban un periodo de amortización.
Tanto los préstamos percibidos para la cobertura de obligaciones de la Seguridad Social como los destinados a cubrir desfases de tesorería habrían sido consecuencia de la falta de financiación del área no contributiva, según el Informe sobre el Desarrollo del Pacto de Toledo.
El Gobierno decidió entonces financiar a la Seguridad Social vía préstamos en lugar de instrumentar las transferencias necesarias, con el objetivo de no incrementar el déficit del Estado.
Además de estos dos tipos de préstamos, el Gobierno había concedido previamente, entre 1992 y 1994, un total de 3.372,4 millones de euros para financiar las obligaciones pendientes del Insalud.
No obstante, el informe añade que estos préstamos "no habrán de ser cancelados hasta tanto el presupuesto del Estado aporte a la Seguridad Social la financiación necesaria para la amortización de los mismos", es decir, una vez que el Estado asuma todos los gastos asistenciales de la Seguridad Social.
De esta forma, el reintegro de estos préstamos vinculados al Insalud se realizaría con los fondos previamente percibidos vía transferencias.
Con estos datos en la mano, la Comisión del Pacto de Toledo debatió hace un año cómo gestionar esta deuda histórica de 17.000 millones, llegando a plantearse incluso que se pueda compensar traspasando su patrimonio e inmuebles al Ministerio de Hacienda y que los hospitales sean propiedad de las Comunidades Autónomas.
