MADRID (EFE). La Seguridad Social acumulará una deuda de 85.350,6 millones de euros con el Estado este año, una vez se contabilicen los dos préstamos concedidos en los últimos meses, por valor de 30.330 millones, para hacer frente al pago de las pensiones y de las nuevas prestaciones puestas en marcha, como la de autónomos o el ingreso mínimo vital.
Los presupuestos de 2018, prorrogados en 2019 y 2020, contemplaban un préstamo con el objetivo de garantizar el pago puntual de las pensiones por valor de 13.830 millones de euros, cuya concesión volvió a ser aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril, aunque aún no está contabilizada como deuda en las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Tampoco está computado todavía como deuda el segundo préstamo de 16.500 millones concedido por el Estado el 26 de mayo para evitar tensiones de liquidez al sistema, tras las medidas excepcionales tomadas para hacer frente a los efectos de la pandemia de la covid-19.
Entre ellas, la prestación extraordinaria para autónomos, que exime del pago de las cuotas a la Seguridad Social, la exoneración de cotizaciones por ERTE por fuerza mayor y la mayor flexibilidad en los aplazamientos para empresas y autónomos.
A ello se suman las pagas extraordinarias de junio y noviembre de las pensiones, que suponen sendas nóminas de unos 20.000 millones.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriva, reconocía esta semana en rueda de prensa que la liquidez provista hasta el momento "probablemente no será suficiente para la situación que vamos a abordar este año".
Además de estos préstamos, el Gobierno ha aprobado créditos extraordinarios por valor de casi 15.000 millones, transferencias que no forman parte de la deuda de la Seguridad Social sino de su asignación presupuestaria.
Se trata de un crédito de 14.002 millones de euros para mantener el equilibrio de las cuentas frente al aumento del gasto, otro de 500 millones para financiar el ingreso mínimo vital y dos suplementos de crédito por valor de 371 millones para el pago de las prestaciones no contributivas, complementos a mínimos o prestaciones familiares.
Los préstamos de 2020 se suman a los concedidos en 2019 (13.830 millones), 2018 (13.830 millones) y 2017 (10.192 millones), todos sin intereses, a diez años y destinados a afrontar las pagas extra de los pensionistas.
Los préstamos del Estado a la Seguridad Social no son ninguna novedad, ya que en los años 90 concedió distintos préstamos por una cuantía total de 17.168,6 millones, que sumados a los 37.852 millones de los utilizados en los tres últimos años y a los 30.330 millones concedidos para este, totalizan 85.350,6 millones de deuda.
La mayor parte de la deuda generada en el siglo pasado corresponde a préstamos para financiar el déficit de la Seguridad Social que se instrumentalizaron entre 1994 y 1999, que no devengaban intereses y que debían reembolsarse a diez años vista, plazos que han sido siempre renovados.
Estos préstamos del siglo pasado fueron consecuencia de la falta de financiación del área no contributiva, según el Informe sobre el Desarrollo del Pacto de Toledo.
El Gobierno decidió entonces financiar a la Seguridad Social vía préstamos en lugar de instrumentar las transferencias necesarias, con el objetivo de no incrementar el déficit del Estado.
Además de estos dos tipos de préstamos, el Gobierno había concedido previamente, entre 1992 y 1994, un total de 3.372,4 millones de euros para financiar las obligaciones pendientes del Insalud.
A cierre de 2019, la Seguridad Social contaba con un déficit de 16.700 millones de euros y con apenas 2.150 millones en su fondo de reserva.
A juicio de Escrivá es necesario reclasificar los ingresos y gastos de la Seguridad Social para que tengan "una visión más fiel del componente contributivo", partiendo de un acuerdo en el Pacto de Toledo y del primer punto del borrador del acuerdo alcanzado hace un año.
"En cuanto consigamos acuerdo en el Pacto de Toledo será el momento de reflejarlo desde el punto de vista presupuestario y de relaciones financieras entre la Seguridad Social y la Administración General del Estado", dejaba claro esta semana el ministro, partidario de que el Estado asuma en sus presupuestos el coste de las prestaciones no contributivas.
En la misma línea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya contemplaba el pasado febrero la posibilidad de que "el Estado asuma un mayor déficit y descargue a la Seguridad Social de algunos gastos".
