MADRID (EP). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado que el rebote de la actividad de los próximos trimestres y el Plan de Recuperación "permiten proyectar una estabilización de la deuda en 2021 y una reducción en 2022", aunque ha advertido de que los elevados niveles de endeudamiento incrementan la vulnerabilidad de la economía frente a eventuales cambios en las condiciones de financiación, a lo que se suma el aumento del gasto sanitario y del gasto en pensiones por el envejecimiento de la población, "que supone uno de los mayores riesgos a medio plazo".
Ante esto, el organismo ha insistido en que debería diseñarse una estrategia de consolidación a medio plazo que contribuya a mitigar los riesgos que implica el elevado nivel de endeudamiento, según apunta en el último Observatorio de Deuda publicado este jueves.
La ratio española de deuda pública se situó en 2020 en el 117,1%, lo que ha supuesto un incremento de 21,6 puntos respecto al nivel de 2019. Prácticamente la mitad de este aumento (10,6 puntos), uno de los mayores de la comparativa internacional, se debe a la caída del PIB.
Por su parte el saldo fiscal ha contribuido en casi 11 puntos, en línea con lo ocurrido en las principales economías del entorno. La expansión del PIB proyectada para 2021 y 2022 permitirá cierta contención de los niveles de deuda en 2021 y 2022, si bien permanece en cotas históricamente elevadas.
En un documento sobre la evolución de la deuda pública, la AIReF señala que la expectativa de un entorno duradero de bajos tipos de interés ofrece un mayor margen de maniobra en el diseño de dicha estrategia de consolidación y permiten abordar la vuelta al equilibrio de una manera gradual.
Además, ve "fundamental" alcanzar un equilibrio presupuestario para afrontar la presión sobre la deuda asociada al incremento del gasto en pensiones derivada del proceso de envejecimiento y evitar el mantenimiento del nivel de deuda por encima de un umbral, que según la literatura económica, pueden llevar asociado un impacto negativo sobre el crecimiento.
El organismo señala que la pandemia ha agudizado los desafíos asociados a los altos niveles de endeudamiento público, cuya sostenibilidad futura está "fuertemente ligada" a las políticas del Banco Central Europeo, advirtiendo de que una vez que los instrumentos no convencionales de política monetaria hayan cumplido su función y las perspectivas de inflación converjan hacia niveles superiores, los tipos de interés podrían repuntar hacia cotas más en línea con su tendencia histórica, lo que acabaría impactando en la carga financiera a medio y largo plazo.
Además, en 2020, el Gobierno aprobó la puesta en marcha de dos líneas de avales por un importe conjunto de hasta 140.000 millones de euros para autónomos y empresas afectadas por la Covid-19, lo que ha supuesto un aumento considerable de los pasivos contingentes.
A finales de febrero, estas líneas habían desplegado avales por importe superior a 90.000 millones. Para la AIReF, aunque existe un riesgo significativo de ejecución de parte de estos avales, el impacto de la materialización de estos pasivos contingentes en la deuda pública es limitado y no pone en peligro, por sí misma, su sostenibilidad.
En cambio, la AIReF asegura que el aumento del gasto sanitario y del gasto en pensiones como consecuencia del envejecimiento de la población es uno de los principales riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo y ha alertado de que un mayor gasto estructural que no sea cubierto con ingresos adicionales conllevará un incremento muy significativo del endeudamiento desde unos niveles históricamente ya muy elevados.
La pandemia ha causado una crisis económica sin precedentes en todo el planeta y en España, según la estimación avance del PIB publicada por el INE, la economía registró en 2020 una contracción en términos reales del 11%, situándose entre las economías del mundo más castigadas por la pandemia. De acuerdo con las principales instituciones internacionales, el crecimiento debería reanudarse en 2021-22, aunque diferirá ampliamente en los distintos países.
Según señala la AIReF, la Administración Central ha asumido la mayor parte del incremento de deuda al financiar mediante transferencias extraordinarias gran parte de los gastos asociados a la pandemia y no repercutir la caída de los ingresos fiscales en las entregas a cuenta de las CCAA de régimen común.
De este modo, la ratio de deuda de las CCAA solo aumentó 3,4 puntos-hasta representar el 27,1% del PIB-, de los cuales 2,6 puntos son atribuibles la caída del PIB.
En el observatorio de deuda pública, la AIReF señala que la crisis sanitaria ha marcado la evolución de los mercados financieros durante todo 2020, con impactos en las bolsas, las materias primas y los precios de los bonos. La rentabilidad del bono español a 10 años repuntó más de 100 puntos básicos en apenas quince días, aunque el anuncio del Programa de Compras de Emergencia de la Pandemia (PEPP) del BCE y sus posteriores ampliaciones evitaron la fragmentación de los diferenciales de los bonos europeos.
No obstante, desde el organismo se asegura que hoy los diferenciales ya han recuperado los niveles previos a la crisis y la curva de rendimientos por plazos se ha situado incluso por debajo de antes de la pandemia.
Por su parte, las necesidades de financiación se incrementaron notablemente en 2020. La emisión bruta del Tesoro registró su máximo histórico, con 277.000 millones de euros, el 25% del PIB. Para 2021 se estima un leve aumento de las necesidades de financiación bruta por el aumento de la refinanciación y un mayor uso de los instrumentos de corto plazo.
De cara a los próximos años, se prevé que una disminución de las necesidades de financiación netas, que se traducirá en una estabilización de las necesidades de financiación brutas en términos monetarios, que se irán reduciendo en relación al PIB.
A pesar de las mayores necesidades de financiación, el coste medio de la deuda del Estado en circulación se ha seguido reduciendo por la caída global de los tipos de interés y ha registrado en 2020 un nuevo mínimo histórico del 1,86%, por debajo del 2,19% de 2019. El de las nuevas emisiones, por su parte, se ha reducido hasta el 0,18%, frente al 0,23% de 2019. De esta forma, la carga financiera del Estado se ha visto reducida por sexto año consecutivo, con un gasto por intereses del 2,3% del PIB a finales de 2020.