MADRID (MP / EP). La Región de Murcia votó 'no' a la propuesta del Ministerio de Sanidad para restringir la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de covid-19. La Comunidad se une así al rechazo que también han manifestado Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta.
La votación ha tenido lugar en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). De esta forma, el documento presentado por Sanidad se traslada a la Ponencia de Alertas de Salud Publica para trabajarlo técnicamente.
El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha pedido que se incluyan más indicadores y no sólo los requisitos inicialmente planteados para confinamientos en poblaciones de más de 100.000 habitantes. "La Región es partidaria de que se establezcan criterios homogéneos en toda España a la hora de establecer restricciones frente a la covid-19, pero deben ser trabajados y consensuados a nivel técnico, con el tiempo necesario y no, como en la jornada de hoy, mediante la presentación de un documento por la mañana para votarlo a las 16.00 horas", explican fuentes regionales.
Así, el Comité Técnico de la Región ha votado ‘No’ esta mañana en la Comisión de Salud Pública considerando que se deben incorporar más criterios objetivos y claros para todas las comunidades -"pero que no se ciñan solo a los tres indicadores conocidos en las últimas horas"- para establecer medidas a nivel nacional.
La Región, de hecho, solicita que se incluyan más criterios técnicos para el consenso del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones por el covid-19.
En el borrador que ha presentado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a las comunidades autónomas se contemplaba restringir entradas y salidas de las personas que vivan en municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes, como por ejemplo Madrid.
Además, establecía que debían de presentar un porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por Covid-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10 por ciento; y la comunidad autónoma a la que pertenece tener una ocupación de camas por pacientes Covid-19 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) superior al 35 por ciento de la dotación habitual (época pre-COVID-19).
Sin embargo, esta tarde la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en la que pide criterios "objetivos y claros" para todas las comunidades autónomas e insta a Sanidad a que no se ciñera solo a estos indicadores. Y es que, tal y como han señalado, en el caso de la región madrileña, debería tenerse en cuenta el criterio de capacidad de elasticidad en camas de hospitalización y de puestos de UCI".
"La Comunidad de Madrid tiene la disponibilidad de ampliar la capacidad hospitalaria en caso necesario y está concluyendo además la construcción del nuevo Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que incrementará notablemente dicha respuesta asistencial. Además, se debe tener en cuenta que la ciudad de Madrid es un conjunto de 21 distritos, de los que 18 superan los 100.000 habitantes, y por tanto, los índices no se pueden aplicar, en su conjunto, a toda la ciudad", ha dicho la Consejería de Sanidad.
Precisamente, otros gobiernos autonómicos como el del País Vasco, Aragón, Cataluña, Asturias, Navarra, Extremadura y Andalucía han mostrado a lo largo del día su malestar por el acuerdo que alcanzaron anoche el Gobierno central y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, y que ha habría sido contemplado en cierta medida en el borrador debatido en el CISNS.
De hecho, el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, ha destacado que su comunidad "no va a pactar las condiciones para Andalucía en ciudades de más de 100.000 habitantes", sino que eso deberá acordarse entre Junta y Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Otras medidas contempladas en el documento del Ministerio de Sanidad pasaban por restringir a un máximo de seis personas las reuniones familiares y sociales, tanto en la vía pública como en los espacios privados, excepto en el caso de actividades laborales e institucionales; cerrar los parques infantiles de uso público; reducir aforos y horarios; y cerrar las barras de los bares.