Nadia GharbiEl acceso será limitado y gradual, dadas las restricciones de capacidad, que es necesario despejar obstáculos burocráticos, legales y de gobernanza
MADRID. Los gobiernos se han movido rápidamente durante la pandemia para limitar el desempleo permanente y las quiebras, lo que ha dado lugar a aumentos significativos de la deuda pública y de los déficits. Pero la cuestión de sostenibilidad de la deuda no es la prioridad, sino reparar las economías y restaurar el potencial de crecimiento. Al respecto el BCE, al mantener unas condiciones de financiación favorables, está desempeñando un papel crucial en la creación de espacio fiscal, pues un país puede tener déficit primario -que excluye intereses de la deuda- y mantener la relación de su deuda pública respecto al PIB constante mientras su tasa de crecimiento esté por encima del tipo de interés.
Además, aunque la magnitud de la respuesta fiscal de EEUU ha suscitado interrogantes sobre si Europa hace lo suficiente, no debemos subestimar los esfuerzos. Los gigantescos estímulos fiscales en EEUU compensan de alguna manera la falta de fuertes estabilizadores automáticos como en Europa. Además, en Europa se han ampliado las medidas de apoyo durante la pandemia. Las principales diferencias entre EEUU y Europa tienen más que ver con el compromiso político y la mentalidad, pues Europa carece del compromiso para una expansión fiscal continua más allá de la pandemia.
El caso es que en julio de 2020 los líderes de la UE acordaron un paquete de recuperación de próxima generación de 750.000 millones de euros, equivalente a 5,4 % del PIB de los 27 de 2019. Se compone de subvenciones (390.000 millones) y préstamos (360.000 millones). El elemento central es el «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», de 672.500 millones -312.500 millones en subvenciones y 360.000 millones en préstamos-. Los fondos restantes se dividen entre otros seis programas. Para financiarlo, la Comisión Europea pedirá prestado en el mercado de capitales en nombre de la UE, de media, 150.000 millones al año entre mediados de este año y 2026, con lo que la UE será de los mayores emisores en euros.
La primera emisión debe ser este verano. La Comisión tratará de recaudar 30 % de los fondos mediante un 'bono verde'. Todos los préstamos serán reembolsados en 2058 con nuevos recursos, que incluyen la expansión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, un nuevo mecanismo de fronterizo de carbono y nuevo gravamen a las empresas digitales. En enero de 2021 ya se introdujo un impuesto sobre el plástico. Ahora, para que entre en funcionamiento todos los miembros de la UE deben ratificar la 'Decisión sobre recursos propios', que establece cómo se financia el presupuesto de la UE.
Pero, para acceder al Fondo de Recuperación y Resiliencia, los gobiernos de los Estados miembros deben preparar planes nacionales con propuestas de inversión y reformas que aplicarán en 2026. Cada plan debe dedicar al menos 37% a proyectos relacionados con el clima y 20% a iniciativas digitales. Las propuestas de reforma deben seguir las recomendaciones para cada país de la Comisión Europea. Aunque se ha alentado a los Estados a presentar sus planes antes del 30 de abril, tienen hasta mediados de 2022 y la Comisión Europea hasta dos meses para evaluar. Por su parte el Consejo de Ministros de la UE tiene un mes más para su veredicto. Una vez que el Consejo de la UE haya dado luz verde la UE desembolsará 13 % del apoyo por adelantado. Los Estados miembros pueden solicitar nuevos desembolsos dos veces al año si alcanzan los hitos y objetivos acordados.
Italia y España serán los dos mayores beneficiarios en términos absolutos y los países orientales y periféricos los principales beneficiarios en relación al PIB. Cada país puede solicitar préstamos hasta 6,8% de su Ingreso Nacional Bruto de 2019, lo que aumenta la carga de deuda, así que es probable que sólo los países con mayores costes de endeudamiento los soliciten y no es seguro que por la cantidad máxima. Pero los planes nacionales son difíciles de comparar, pues algunos países incluyen no sólo el Fondo de Recuperación y Resiliencia, sino también otros componentes y gastos adicionales. Además, han estructurado los planes de diferentes maneras y proporcionado diferentes niveles de detalle.
Un artículo reciente publicado por Bruegel, think-tank con sede en Bruselas, observa que Alemania planea gastar más de la mitad de fondos en digitalización, mientras que Francia, Italia y España una cuarta parte o menos. Francia planea gastar la mitad en prioridades verdes, mientras que los otros tres alrededor del 40%. De todas formas, será particularmente importante para los países del sur de Europa golpeados duramente por la pandemia. El gobierno italiano estima que el plan de inversiones que ha ideado para recibir respaldo tendrá un impacto positivo en el PIB del 3,6% para 2026.
El caso es que el acceso a los fondos este año probablemente será limitado y gradual, dadas las restricciones de capacidad y que es necesario despejar obstáculos burocráticos, legales y de gobernanza. Por tanto, el impacto económico será reducido. Debe tener un efecto más significativo en el crecimiento de 2022 a finales de 2026, cuando se espera que los proyectos se completen. De todas formas, el impacto económico general es difícil de estimar y dependerá de la capacidad de los gobiernos para gastar el dinero rápidamente y de manera eficiente y productiva. En el pasado algunos han sido incapaces de absorber plenamente los fondos de la UE puestos a su disposición.
Sea lo que sea, estos fondos, al aumentar el crecimiento potencial, pueden facilitar la sostenibilidad de la deuda a los países miembros. Mucho dependerá de la capacidad, particularmente de los países periféricos, para gastar el dinero que reciban de una manera eficiente. Además, para cerrar la brecha de producción de la UE con EEUU, una condición mínima es que se utilicen en su totalidad.
Nadia Gharbi es economista de Pictet WM
