VALÈNCIA (EP) La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladará este viernes a las comunidades autónomas la nueva senda con los objetivos de déficit y deuda pública en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no se reúne desde 2018, como paso previo a los trabajos preparatorios de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020. La reunión estará marcada por las denuncias y quejas de las regiones por el IVA autonómico de 2017.
En concreto, las consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas han sido convocados a la reunión del CPFF para las 16:30 horas de este viernes en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, donde se les presentará la nueva senda de estabilidad con los objetivos de déficit y deuda pública y el esfuerzo fiscal de cada administración para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
Asimismo, Montero explicó el pasado martes que en la reunión se informará de dicha "andadura" prevista por el Gobierno para acometer los trabajos preparatorios de cara a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, algo que ve "urgente" para España al permanecer prorrogadas las cuentas de 2018.
El último encuentro del Consejo de Política Fiscal se produjo telemáticamente el pasado 22 de agosto de 2018, y de manera presencial el 31 de julio de ese mismo año. Tal y como sucedió en la última reunión, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudirá al CPFF, a pesar de las peticiones de Montero.
En el orden del día se encuentra la actualización de la senda oficial aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 en la que se fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez augura de hecho un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.
El objetivo autonómico previsto inicialmente por el Gobierno de Sánchez es de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones logren estabilidad presupuestaria el año que viene.
El Gobierno está en constante diálogo con Bruselas respecto a las previsiones y la nueva senda, a la espera del plan presupuestario sobre el que se pronunciará en su momento la Comisión Europea. Tras sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclamaba al país un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000 millones de euros, para el año pasado y el actual. Las cuentas españolas están actualmente controladas en el llamado brazo 'preventivo', en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
En cualquier caso, el Gobierno tiene asegurada la aprobación de la nueva senda al menos en el CPFF, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta en este órgano con el 50% de los votos, frente a la otra mitad correspondiente a las autonomías, por lo que logrará la mayoría con que una sola comunidad vote a favor.
Tras la aprobación de la senda en el CPFF este viernes, el Gobierno aprobará a posteriori en el Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', para posteriormente presentarlo junto a la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda de las administraciones al Congreso de los Diputados y el Senado, en donde deberá conseguir el apoyo suficiente para su visto bueno.
Si finalmente logra el respaldo al 'techo de gasto' y a la senda de déficit y deuda, el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.
Con respecto a la senda de estabilidad, varias comunidades han explicado que no van a reclamar un margen mayor de gasto sino que se les pague lo que entienden que se les debe, tanto del IVA como del sistema de financiación. Otras sin embargo sí quieren más flexibilidad, como Extremadura, que insiste en que no tiene tanto un problema de gasto como de ingresos.
La consejera extremeña de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha defendido que el objetivo de déficit esté "más y mejor secuenciado en el tiempo" para que Extremadura pueda "cumplir" y lo haga "sin recortes".
De su lado, está pendiente la convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para trasladar a los ayuntamientos y los presidentes de diputaciones los objetivos fiscales para la administración local.
Los consejeros autonómicos acuden a la reunión del CPFF dispuestos a reclamar a la ministra el pago de la liquidación del IVA de 2017. Montero ha insistido en que el asunto está zanjado, pero la reclamación es casi unánime: las comunidades del PP pero también buena parte de las del PSOE amenazan con a acudir a los tribunales para cobrar. Madrid lo hizo ya el año pasado y ahora han seguido sus pasos Galicia, Murcia y Andalucía.
Entre las socialistas, la primera en acordar un recurso ha sido Castilla-La Mancha, pero Aragón, Extremadura y Baleares no descartan hacerlo, a la espera de una respuesta de Hacienda que podría llegar este viernes. Es lo que ha explicado el presidente aragonés, Javier Lambán, quien ha asegurado que tomarán una decisión si escucha el 'no' definitivo de María Jesús Montero.
Lo mismo ha dicho la Junta de Extremadura, que en el CPFF reclamará "formalmente" la liquidación del IVA y según sea la respuesta, optará "por la vía jurídica oportuna", ha dicho la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.
Aunque el Gobierno argumenta que no pudo aprobar la "solución" cuando correspondía, en 2019, como consecuencia del rechazo a las cuentas públicas del año pasado que recogía el instrumento para el abono del IVA, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el miércoles que estaba dispuesta a estudiar "medidas paliativas" sobre la liquidación del tributo.
El asunto del IVA autonómico se remite al año 2017, cuando el por entonces ministro de Hacienda del Gobierno del PP, Cristóbal Montoro, llevó a cabo un cambio normativo con el que se obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20 como se venía haciendo.
El cambio normativo provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, 2018. De esta forma, la liquidación del ejercicio 2017, que se realizó a los dos años, en 2019, fue solo de once meses, faltando por tanto el abono de una mensualidad.
La posición de otras comunidades es que no sólo se tiene que compensar este IVA y que es el momento de abordar la reforma de la financiación autonómica. La posición de la Comunitat Valenciana es clara al respecto y quiere reivindicar una vez más ante el Consejo de Política Fiscal que se aborde ya el cambio de la ley.
La actualización del sistema de financiación está pendiente desde 2014. Tiene que llevarse a cabo mediante negociación con las 15 comunidades del régimen común, incluida Cataluña, que por lo pronto no va a enviar a un consejero a la reunión de este viernes. Está por ver si el Ejecutivo está dispuesto a negociar una reforma sin participación catalana, si el resto de autonomías aceptarían una hipotética bilateralidad con Cataluña o si finalmente la Generalitat se sumará a los trabajos.
