MURCIA. Urge adaptar el sistema universitario para el próximo curso debido al escenario generado por la covid-19. El Ministerio de Universidades y las comunidades se plantean como objetivo adoptar un modelo de docencia híbrido y flexible, que sea capaz de adaptarse a los diferentes escenarios que puedan plantearse y que ofrezca, de esta forma, las mayores garantías posibles para que el curso pueda celebrarse de manera organizada y sin imprevistos no planificados previamente.
Esto es lo que se ha planteado durante la primera reunión del grupo de trabajo en el que participan cinco comunidades autónomas, el Ministerio y diferentes representantes del ámbito universitario, para publicar a finales de junio un documento consensuado de recomendaciones operativas de cara al curso 2020/2021. En este primer encuentro, la Consejería de Universidades de la Región de Murcia ha trasladado al ministro Manuel Castells cinco medidas que considera prioritarias para el nuevo escenario.
La primera de las medidas trasladadas por la directora general de Universidades, Josefina García León, fue la necesaria digitalización de las universidades, si bien la adaptación de las infraestructuras TIC puede ser individual o globalizada por parte del Ministerio. Esa digitalización implica grandes servidores y programas para preparar los materiales docentes telemáticos, las clases en streaming o los exámenes online, y la Consejería estima que debe especificarse el estamento responsable de su implantación y mantenimiento.
Otra de las medidas propuestas al ministro Castells fue la apuesta por la transparencia y la claridad en el 'contrato' con el alumno para el próximo curso, es decir, en la matrícula y las guías docentes. El alumno debe comprender por completo las características del próximo curso y para ello la matrícula debe recoger todas las posibles modificaciones que se realizarían en función de los diferentes escenarios relacionados con la pandemia.
Igualmente, García León subrayó en la reunión que la universidad debe ser también el motor de la recuperación económica, para lo que debe fomentarse la vinculación universidad-empresa. De cara a ese propósito, la Consejería ve necesario el impulso de la universidad dual con la mejora y ampliación de las prácticas en empresas.
Esto pasaría por mejorar la normativa que regula esas prácticas, con el fin de ofrecer seguridad jurídica tanto a los estudiantes, a los empresarios como a la universidad. La Consejería ya consideraba que esta mejora era necesaria antes de que se produjera la pandemia, al igual que otra iniciativa en la misma línea: avanzar en la investigación con las empresas a través de los contratos y cátedras.
La cuarta propuesta de la Consejería fue que el Ministerio establezca la financiación necesaria para poder llevar a cabo correctamente las adaptaciones necesarias, ya que los cambios que precisan las universidades tienen un coste elevado tanto a nivel material como personal.
Finalmente, García León también transmitió la necesidad de poner en valor la presencialidad de la docencia, y señaló que “somos conscientes de la realidad y sabemos que en el próximo curso pueden presentarse escenarios que obliguen a ofrecer una docencia semipresencial. En cualquier caso, debemos valorar las clases presenciales como una modalidad que no sólo aporta conocimiento, sino también una capacidad crítica al alumno”.
La Región es una de las cinco comunidades autónomas que integra este grupo de trabajo que, además del Ministerio, también está integrado por representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), agencias de calidad, sindicatos y representantes de estudiantes. Esta fue la primera de las reuniones previstas y en ella los participantes expusieron aquellas iniciativas que consideran más importantes para mitigar los efectos de la pandemia en el desarrollo de la docencia universitaria.