FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha presidido este jueves por videoconferencia la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, mantenida con los responsables de Función Pública de todas las comunidades autónomas, de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que se ha acordado impulsar la reforma del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público con los objetivos de impulsar el teletrabajo y reducir la temporalidad en el empleo público.
Durante su intervención, Darias ha destacado la importancia de unir fuerzas para la reconstrucción de las bases sociales y económicas "sin dejar a nadie atrás", resaltando que las personas con responsabilidades públicas tienen que buscar "un mínimo común de entendimiento" y actuar de manera coordinada desde las distintas administraciones públicas "para ser más fuertes y afrontar el futuro con esperanza".
De esta forma, la Conferencia Sectorial ha encargado a la Comisión de Coordinación del Empleo Público, con las tres administraciones también representadas, que elabore en el plazo de dos meses una propuesta de reforma de la norma que aborde las cuestiones acordadas.
Darias ha resaltado el comportamiento ejemplar de las empleadas y empleados públicos, que "han mantenido el funcionamiento del sistema sanitario, han garantizado la seguridad de las familias, han desplegado formas novedosas de abordar los impactos económicos y sociales, han ayudado a la ciudadanía y han garantizado los servicios públicos a pesar de las difíciles circunstancias vividas".
La Conferencia Sectorial ha abordado el teletrabajo, recordando que la crisis del Covid-19 ha afectado fundamentalmente las vidas y el trabajo de los empleados públicos y de sus familias, generalizándose la modalidad no presencial de trabajo a nivel laboral en general y en las administraciones públicas.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha subrayado que la crisis sanitaria obliga ahora a implantar, de forma urgente, una solución que las administraciones públicas llevaban años planificando y que en los últimos años iba adquiriendo un mayor desarrollo en gran parte de empresas privadas y organismos internacionales. Las administraciones lo ven una "herramienta útil" para facilitar la conciliación y proteger la salud.
A esto se suma la necesidad de la tramitación electrónica de procedimientos, lo que requiere impulsar la formación de empleados públicos en la transformación digital, invertir en tecnologías de la información y mejorar las competencias digitales del personal.
Según el Ministerio, todas las administraciones públicas, en mayor o menor medida, tienen un problema estructural de falta de plantillas estables, por la "elevada temporalidad" en el empleo público. En concreto, un tercio de los empleados públicos tiene o ha tenido un vínculo profesional temporal con la Administración Pública.
Con la finalidad de poner en marcha medidas para la reducción del empleo temporal, se acordó un plan de estabilización, con el apoyo de las organizaciones sindicales, convocándose los procesos selectivos, que se regirán por los principios de igualdad, mérito, capacidad, libre concurrencia y publicidad, hasta alcanzar un 8% de empleo temporal.
Sin embargo, Función Publica admite que la situación a día de hoy, y tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, reconociendo que la temporalidad persiste como problema, requiere nuevas respuestas tras las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019.
"Las administraciones públicas asumen el compromiso para reducir la temporalidad en el empleo público, impulsado los mecanismos de coordinación necesarios para desarrollar adecuadamente los procesos de estabilización", asegura el Ministerio.
De igual forma, las administraciones también coinciden en evitar que se generen nuevas bolsas de empleo temporal, intensificando el control y la responsabilidad de los gestores, por lo que abogan por abordar una revisión de la normativa básica estatal para reformular o endurecer las consecuencias del incumplimiento de las previsiones normativas en materia de control de la temporalidad.
Por otra parte, la Comisión de Coordinación de Empleo Público también ha recibido el encargo de ampliar la colaboración de las administraciones territoriales con la AGE en la elaboración del boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, para crear un sistema ágil de recopilación de datos de la Administración pública estatal, comunidades autónomas, entidades locales y universidades, y ponerlo a disposición de la ciudadanía.
Los responsables de Función Pública han abordado también la igualdad en el empleo público, como un "compromiso ineludible", así como una "obligación" avanzar en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La ministra ha puesto como ejemplo el III Plan de igualdad entre mujeres y hombres, que impulsa la AGE, con vectores fundamentales, como combatir los roles y estereotipos que están en la base de las desigualdades, eliminar brechas salariales y crear las condiciones para que la igualdad sea real, especialmente en los puestos directivos. Un estudio del Ministerio refleja la existencia de una brecha salarial en la AGE del 5,2%.
Igualmente, Darias ha insistido en la obligación de "avanzar hacia unas administraciones digitales e innovadoras" que garanticen el acceso a los medios electrónicos y telemáticos a la ciudadanía. Ha expresado también la necesidad de "unas administraciones abiertas, participativas, transparentes e inclusivas al servicio de un buen gobierno e impulsar*unas administraciones sostenibles, en consonancia con lo establecido en la Agenda 2030".
Por último, ha invitado a los responsables de Función Pública a una reflexión necesaria sobre el futuro del empleo público, que debe adaptarse de forma acelerada, tanto a la revolución tecnológica como al relevo generacional, consecuencia del envejecimiento de las plantillas.
