Los efectos del virus chino serán más acusados en España por su fuerte dependencia del turismo, que representa sobre el 15% como recuerda el analista
MADRID. Medidas contundentes para situaciones excepcionales. Así lo confirmó antes de ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto y ante la amenaza del coronavirus, el Ejecutivo pretende inyectar 200.000 millones de euros para paliar el impacto de la crisis sanitaria sobre la economía española. La medida, que supone casi un 2% del PIB, tiene como objetivo matizar las condiciones de los despidos colectivos temporales, apoyar a los trabajadores y a las empresas afectadas por la caída de la actividad, garantizar la liquidez de las empresas, y apoyar la investigación para encontrar una vacuna contra el coronavirus.
Entre las medidas concretas figuran el retraso en el pago de las hipotecas, la flexibilización de las cotizaciones a la seguridad social para las pymes y los trabajadores autónomos, y la posibilidad de que los empleados se adapten y reduzcan su horario de trabajo para cuidar a sus familiares dependientes. En conjunto, las medidas anunciadas son exactamente lo que se necesita en esta fase. La garantía de liquidez y el apoyo a los autónomos es particularmente importante. Ello se debe a que es poco probable que los bancos concedan préstamos a empresas, que ahora son más inestables debido a la pérdida de flujo de caja resultante de la falta de demanda provocada por las medidas de contención..
De esta manera, el paquete de 200.000 millones de euros comprende fondos públicos y privados y equivale a alrededor del 16% del PIB de España. 100.000 millones de euros están vinculados a un sistema de garantía pública a través del ICO, para asegurar la liquidez de las empresas en dificultades. Otros 17.000 millones de euros se destinan a apoyar a los grupos más propensos a sufrir los efectos de la pandemia. Se espera que el resto provenga de recursos del sector privado.
Antes del brote de Covid-19, las autoridades españolas habían anunciado objetivos presupuestarios de un déficit global del 1,8% para 2020, sujeto a la aprobación del presupuesto. Las estimaciones para el presupuesto de 2020, que se basan en la prórroga del de 2018, suponían un déficit de alrededor del 2,2% para este año antes de las medidas anunciadas. Aún no sabemos cómo se contabilizará oficialmente el paquete del gobierno. Si la garantía se asumiera en su totalidad y se añadiera al stock de deuda del gobierno, que actualmente se encuentra en alrededor del 96% del PIB, esto aumentaría el nivel de deuda en alrededor del 8% del PIB hasta alrededor del 105% del PIB. Si los 17.000 millones de euros afectan directamente al presupuesto del gobierno, esto aumentaría el déficit presupuestario en alrededor del 1,4% del PIB.
Otra duda que surge sobre el nuevo paquete de medidas es la de si incumplirá o no los límites establecidos por Bruselas. No lo creemos ya que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite desviarse de la regla del 3% de déficit en circunstancias especiales. Podemos esperar indulgencia de la Comisión Europea a este respecto al menos para el año 2020. Por lo tanto, aunque la cifra de déficit de España para el año 2020 sea superior al 3%, España cumpliría con las normas, ya que es probable que éstas se adapten o se suspendan para este año.
Además, los inversores se preguntan sobre cómo afectará la crisis al rating de España. En este sentido y, teniendo en cuenta que la próxima revisión está prevista para el próximo 21 de agosto, consideramos poco probable una revisión a la baja sobre la solvencia de España, al menos, a corto plazo. No obstante, afirma que, si bien los objetivos presupuestarios, que implican un importante esfuerzo fiscal, serían positivos para el crédito (lo que daría lugar a una disminución gradual del déficit fiscal hasta alrededor del 0,9% del PIB en 2023), la incapacidad del Gobierno para adoptar el presupuesto sin el partido separatista catalán ERC pone de relieve la fragmentación política del país, que pesa sobre la eficacia de la formulación de políticas, posponiendo la introducción de reformas que implican un coste político muy alto.
En el contexto de la crisis, la perspectiva de un déficit más cercano al 3% del PIB en 2020 no es en sí misma una razón para rebajar la calificación de los bonos soberanos. La justificación de un mayor déficit, su composición resultante y el contexto actual son fundamentales para evaluar las repercusiones crediticias, que, en nuestra opinión, justifican un importante esfuerzo fiscal para contrarrestar la crisis del coronavirus.
En general, los gobiernos están promoviendo dos tipos de políticas: medidas de contención para hacer frente a la crisis sanitaria y políticas para reducir su impacto económico. Es cierto que, en el corto plazo, las iniciativas de contención estrictas son negativas para el crecimiento. No obstante, y aunque todavía es pronto para evaluar sus efectos, suponiendo que sean eficaces -como lo han sido en otras partes del mundo, incluidas China y el norte de Italia- son positivas para aplanar la curva.
En otras palabras, buscan alcanzar un menor número de personas infectadas y, por tanto, una menor carga para la capacidad de los hospitales y una disminución en el número de fallecimientos. Por tanto, suponiendo que las medidas de contención consigan frenar el impacto del coronavirus, es fundamental que el Gobierno se centre en reducir el impacto en las empresas y los hogares hasta que se hagan visibles los signos positivos de las medidas de contención. Así pues, es probable que las duras medidas de contención y las rápidas medidas económicas permitan un repunte más prematuro y contundente, a partir de la segunda mitad de 2020.
Todavía no se sabe si, dentro de este paquete de medidas, se necesitarán más propuestas para hacer frente al virus, pero la clave para superar esta crisis es contener la propagación del virus y, en última instancia, desarrollar una cura. Cuanto antes funcionen las medidas de contención, antes se podrán levantar las medidas adoptadas para ello, haciendo que las empresas y los hogares vuelvan a la normalidad. Hasta entonces, los dirigentes políticos deben reducir al mínimo los costes económicos de las medidas de contención, en particular mediante estrategias de apoyo para los ingresos de los hogares y las empresas.
Por otro lado, el BCE ofreció un paquete bien diseñado de medidas de emergencia para hacer frente a la crisis (incluyendo liquidez a un precio atractivo para el sistema bancario y la compra adicional de activos) mientras que la Supervisión Bancaria del BCE acordó medidas de ayuda temporal para los bancos de la zona del euro. En este sentido, el analista cree que esto debería evitar consecuencias procíclicas e imprevistas. En última instancia, si la crisis no se aliviana en las próximas semanas, podría ser necesario adoptar medidas adicionales.
Como se ha comentado, el impacto del virus dependerá, en mayor medida, de su duración. Por ello, si el brote dura como en China, esperamos una fuerte revisión a la baja del crecimiento en el primer semestre de 2020. Antes del estallido de la crisis del coronavirus, esperábamos que el crecimiento se rebajara hasta alrededor del 1,6% en 2020 desde el 2% en 2019. Sin embargo, además de los procesos que afectan a la mayoría de los países (suspensión en las cadenas de suministro y en la demanda interna), España está particularmente expuesta a los efectos de la crisis de este virus, dada su elevada dependencia del sector turístico (alrededor del 15% del PIB). Un crecimiento cercano o inferior al 0% para 2020 es nuestra línea de base con un amplio margen de incertidumbre
Con todo, y pese a que las medidas anunciadas, nacionales y europeas, son exhaustivas, todavía hay que ver signos positivos sobre la eficacia de los cierres y otras medidas de contención en la mayoría de los países europeos.
Alvise Lennkh es analista de Finanzas Públicas de Scope Ratings