MADRID (EP). El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que para evitar el uso excesivo de los contratos de corta duración se va a poner en marcha un desincentivo creciente en función del número de bajas de cotización en un determinado periodo de tiempo, que se está terminando de diseñar.
En la rueda de prensa para presentar las actuaciones de su Ministerio en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Escrivá ha apuntado que su Ministerio está trabajando ya para rediseñar los desincentivos al abuso de los contratos de corta duración, "que ahora mismo son excesivamente recurrentes en el mercado laboral español".
El ministro ha explicado que en 2019 se produjeron 27 millones de bajas en la Seguridad Social y que una de cada cinco relaciones laborales en España tienen una duración de un día, más de un tercio solo duran cinco días y es frecuente la baja del trabajador en fin de semana. Además, tres de cada cinco relaciones laborales tiene una duración de un mes o menos.
Según Escrivá, los contratos de muy corta duración agravan los problemas de la dualidad del mercado laboral español, que son la "ausencia de inversión en capital humano, la escasa capacidad de adaptación de empresas y trabajadores a un mundo cambiante, las pobres ganancias de productividad, la excesiva variación cíclica del empleo y la precariedad y la desigualdad".
Además, ha explicado que el número de bajas de cotización en un determinado periodo de tiempo guarda una relación inversa con la extensión de la relación laboral y que, por ello, la penalización ha de ser creciente con el número de bajas en la Seguridad Social.
Reforma de pensiones
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "tiene la convicción" de que "pronto" va a estar lista la primera parte de la reforma de pensiones, en la que se incluirá el nuevo régimen de cotización por ingresos reales para los autónomos.
No obstante, pese a que se prevé incluir este nuevo sistema de cotización por autónomos, el ministro ha remarcado que el cambio de sistema será "muy gradual" y que su puesta en vigor se producirá antes del primer semestre de 2021, pero no empezará hasta 2023.
En esta línea, ha hecho hincapié en que el nuevo sistema contará siempre con "procesos de despliegue muy graduales en el tiempo, como siempre ocurre con este tipo de mecanismos de cotizaciones sociales".
Asimismo, este primer paquete normativo que se quiere llevar al Parlamento próximamente incluye un rediseño de los coeficientes de desicentivación a la jubilación anticipada y también recoge los elementos de jubilación demorada o la derogación de la cláusula de jubilación forzosa.
Preguntado sobre la propuesta de no penalizar la jubilación anticipada en carreras largas de cotización de 40 años o más de la asociación Asjubi40, el ministro ha afirmado que esto se quiere estudiar en la segunda parte de la reforma y que ahí es donde se tiene previsto hacer los análisis integrales y mirarlo desde todos los ángulos. Este segundo paquete se está empezando a analizar e irá para el año que viene, según Escrivá.
El ministro ha resaltado que una reforma de esta naturaleza tiene que ser "creíble" y contar con un gran consenso en el ámbito social y político.
También ha insistido en que es necesario eliminar la incertidumbre para dar certidumbre a los pensionistas y futuros pensionistas. Para ello, considera imprescindible asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y atajar las dudas sobre el déficit de la Seguridad Social y la sostenibilidad del sistema.
La modernización del sistema de pensiones, recogido en el componente 30, además de la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, recoge la dotación al sistema de herramientas necesarias para absorber las llegadas de la generación del 'baby boom' a la edad de jubilación.
El número de personas en ERTE bajará de los 600.000 esta semana
José Luis Escrivá ha avanzado este martes que el número de personas en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) bajará de los 600.000 esta semana "por cómo van las cifras".
El número de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a 29 de abril en 638.283 personas, lo que supuso 36.621 trabajadores menos que en marzo en la serie revisada y 105.345 menos en función de la fecha de notificación, según informó el Ministerio recientemente.
Según Escrivá, cuando se mira la estructura, las personas que están en ERTE están muy concentradas en sectores cuya recuperación a va a ser "muy fuerte" en los próximos meses "con toda seguridad".
"Hablamos de restauración, comidas y bebidas y actividades de alojamiento, que son la mitad de esos 600.000 ERTEs, pero es cierto que en algunas partes de estos sectores podría ocurrir que haya cambios en la estructura de la demanda y se ponga de manifiesto la necesidad de algún tipo de ajuste y ahí podremos tener una oportunidad de aplicar el mecanismo de flexibilidad interna para las empresas", ha resaltado Escrivá.
Para el ministro, "es perentorio disponer de un mecanismo permanente que permita a las empresas adaptarse a las caídas transitorias de actividad sin recurrir a los despidos, que impulse la formación y facilite la transición de los trabajadores afectados por los procesos de cambio estructural".
Escrivá ha recordado que en periodos de crisis económica, las empresas han recurrido tradicionalmente a ajustes de empleo a través de la finalización de contratos temporales y despidos, pero que, sin embargo, en esta crisis sanitaria los mecanismos de ajuste interno (ERTE) han demostrado su capacidad de limitar la pérdida de empleo ante caídas de actividad y recuperar dicho empleo con rapidez.
En la reforma número seis del componente 23, se promueve el establecimiento de un mecanismo de flexibilidad interna para las empresas, de carácter permanente, que impulse la estabilidad en el empleo y la recualificación de trabajadores en transición entre empleos y sectores.
Según se recoge en el Plan, no hay inversiones asociadas a esta reforma. "Se prevé la creación de un Fondo Tripartito para financiar el mecanismo, cuyas contribuciones públicas podrían proceder de préstamos del Fondo de Recuperación-Next Generation", según Escrivá.
Este mecanismo incorpora dos modalidades, por un lado una modalidad de flexibilidad interna que permitirá, ante caídas transitorias o cíclicas de la actividad de las empresas, minimizar el recurso al despido, salvaguardar el vínculo contractual con la empresa y facilitar la reactivación, pero también reducir la elevada contratación temporal y reforzar la formación de los trabajadores durante el período de baja actividad.
Por otro lado, el mecanismo incorpora una modalidad de transición para utilizar en momentos de cambio tecnológico o de transición hacia nuevos modelos de producción, de naturaleza permanente, que facilitará la movilidad de los trabajadores sin necesidad de pasar por el desempleo.
Escrivá ha apuntado que ambos mecanismos servirán para reducir el tiempo de búsqueda del empleo y contribuirán a disminuir el paro estructural.
Prestación por hijo a cargo en el Ingreso Mínimo Vital
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere recuperar la prestación por hijo a cargo dentro del Ingreso Mínimo Vital (IMV), teniendo en cuenta la renta y el patrimonio.
"Está entre las prestaciones que vamos a analizar cómo integrarlas en la filosofía del IMV, pero vamos a hacerlo reforzando su capacidad redistributiva, trabajando mucho sobre la tipología de familias y teniendo en cuenta los ingresos de renta y patrimonio dentro del marco del IMV. Sí, lo queremos hacer", ha explicado Escrivá este martes en rueda de prensa para explicar las políticas del Ministerio en el marco del Plan de Recuperación.
Sobre el IMV, el ministro ha precisado que han recibido 1,4 millones de solicitudes y ya han resuelto más de 1 millón ellas. En estos momentos están realizando un estudio para comparar las expectativas que tenía el Gobierno en cuanto a los hogares potencialmente elegibles y los que finalmente están recibiendo la ayuda.
Asimismo, Escrivá ha indicado que quieren desarrollar el esquema de itinerarios de inclusión del Ingreso Mínimo Vital, y convertirlo en la piedra angular del nuevo sistema integral de prestaciones no contributivas.
Así, ha anunciado que entre 2022 y 2023 se firmarán un total de 18 convenios de colaboración para desarrollar los itinerarios de inclusión con los que quieren que los beneficiarios del IMV también se integren laboral y socialmente.
Además, en 2023, prevén la modificación normativa para la integración en el IMV de alguna de las prestaciones incluidas en el Plan; y en 2024, se evaluarán las buenas prácticas de los 18 convenios firmados.