El sector musical aprovecha la crisis del coronavirus para repensar su precariedad

MURCIA. Es un clamor. El mundo de la cultura está a la espera del apoyo explícito y firme de las instituciones públicas. Así lo ha comunicado el sector el arte contemporáneo hace dos días, y anteriormente hicieron lo propio las artes escénicas y el audiovisual. En esta ola de peticiones, la música ha sido el sector que más rápido se ha coordinado y ayer, la Federación de la Música de España pidió la creación de un fondo de compensación económica para otorgar una renta básica "temporal" a los músicos y profesionales por cuenta propia de la industria que "se enfrenten a necesidades ante la paralización de su actividad" debido a la pandemia de coronavirus.

En realidad, esta es solo una de las más de 30 medidas que ha remitido al Ministerio de Cultura y Deporte, tras conocerse ayer como primera iniciativa que las pymes y autónomos del sector cultural se podrán acoger a la línea de avales del Gobierno.

La renta básica temporal de la que habla el documento también quiere que esté dirigida a aquellos músicos trabajadores por cuenta ajena y profesionales cuya actividad se realiza mayoritariamente por contratos de obra y servicios que no se van a llevar a cabo. El sector reclama también la creación de un fondo de compensación del Estado que cubra a las empresas las pérdidas ocasionadas por los gastos de cancelación o aplazamiento de un evento o concierto, incluido el importe de la devolución de entradas, o los gastos de una producción discográfica. En este mismo sentido, el documento también pide regular la aplicación de fuerza mayor para que las promotoras puedan suspender o aplazar "los eventos musicales cuya celebración esté prevista en el período de seis meses desde la declaración del estado de alarma", además de establecer "una moratoria en la devolución del importe de las entradas hasta el 31 de diciembre de 2020" para los eventos cancelados y que la devolución de estas no conlleve el reintegro de los gastos de gestión.

Otra medida planteada al Ministerio es la de regular la 'reventa ética' a nivel estatal, permitiendo la transmisión sin ánimo de lucro directamente entre el público que no pueda asistir a un evento tras su aplazamiento. La federación estima que esta medida reduciría la "incidencia de devoluciones de entradas".

En el caso de las salas de conciertos y otras instalaciones como oficinas, estudios de grabación o salas de ensayo, solicitan establecer una moratoria o periodo de carencia de los alquileres de los establecimientos mientras dure el cierre a través de la creación de una dotación extraordinaria, a fondo perdido de ayuda a los arrendadores. A esto se añadiría la prohibición de desahucios por impago.

También la posibilidad de una moratoria de los pagos de suministros (agua, luz y gas) y exención del pago de tasas de recogida de basuras, impuestos, vados, terrazas, con exención de recargos e intereses y prohibición de corte de suministros por falta de pago.

Algunas de las propuestas económicas ya fueron enviadas previamente a Uribe, entre las que se incluían la reducción del IVA del 10% al 4% de las entradas de la música en directo o la reducción del 21% al 10% del IVA de todos los servicios relacionados con la música en vivo y música grabada.

Además, reclaman el aplazamiento del pago de impuestos como Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La propuesta incluía la aprobación de un plan de choque para recuperar la actividad del sector, a través de la subvención de importes de entrada -de tal forma que el organizador pudiera reducir el precio de taquilla- o un incremento de la contratación por parte de las entidades públicas, con pago anticipado o bien inmediatamente después de la celebración.