MURCIA (EFE). El registro de jornada, creado para atajar las horas extra no pagadas y el absentismo, cumple dos años con algunas dificultades de aplicación en las empresas de menor tamaño y en mitad de una pandemia que ha extendido el teletrabajo.
La Ley que aprobó el registro dejaba abierta la forma de aplicación para que fueran las propias empresas las que la negociaran con los representantes de sus trabajadores, algo que es prácticamente imposible en aquellas de menor tamaño que no tienen presencia sindical.
"En el 4 % de las empresas, las de mayor tamaño, no hay ningún problema en la negociación del registro de jornada. Algunas, incluso, ya lo tenían antes de la norma", explica en declaraciones a Efe el secretario de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino.
Las dificultades están en el 96 % restante del tejido productivo, compuesto por las pequeñas y muchas de las medianas compañías, "a las que no se llega sindicalmente y en las que el empresario interpreta la norma desde un punto de vista empresarial", argumenta.
El registro, obligatorio desde el 12 de mayo de 2019, tiene como objetivo poner coto a las horas extra no pagadas o fraudulentas que encubren jornadas completas, así como garantizar los descansos entre jornadas, pero también controlar el absentismo laboral.
En España más de 745.600 trabajadores realizan un total de 5,6 millones de horas extra a la semana, de las que más de 2,5 millones (efectuadas por más de 337.200 empleados) no son cobradas ni cotizadas, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al primer trimestre del año.
En la comparativa interanual, en este año atípico de confinamiento y teletrabajo, el número total de horas extra ha disminuido un 15 %, una caída que también se ha visto en las no remuneradas (18 %).
No obstante, aunque también ha disminuido el número de trabajadores que realizan horas extra, ha aumentado el que las hace gratis.
Así, si el año pasado uno de cada tres empleados que hacía horas extra no las cobraba, este año son uno de cada dos.
Por actividades, el sector de la educación es el que aglutina la mayor cuantía de trabajadores (un total de 55.200) que efectúan horas extra gratis (464.700 horas semanales), seguido por el comercio (39.500 trabajadores que hacen 389.300 horas extra gratis).
Con 2,1 millones de personas teletrabajando, que llegaron a alcanzar los 3 millones durante el confinamiento de abril y mayo del año pasado, el control de la jornada de trabajo ha sido un poco más complicado para la Inspección de Trabajo, que, no obstante, ha contado con elementos tecnológicos para asegurar su cumplimiento.
"Es más difícil", asegura en declaraciones a Efe la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, "porque no es lo mismo que llegar a un centro de trabajo y pedir el registro de jornada y porque el domicilio es inviolable".
En estas situaciones, el procedimiento es solicitar a la empresa que remita a la Inspección el registro de jornada "justo en ese momento", al tiempo que también se han comprobado las conexiones VPN y los correos electrónicos intercambiados entre empresa y trabajador fuera de su jornada laboral.
En esos casos estas pruebas serían suficientes para sancionar, con multas que pueden ascender a 6.000 euros, ha explicado Ercoreca, quien ha valorado los dos años de vida de esta herramienta que permite comprobar si se cumple el descanso entre jornadas y el semanal.
"Nos ha servido", ha asegurado, ya que, basándose en la información que proporciona el registro, los inspectores han podido comprobar si cuadran las horas realizadas con las acordadas o actuar en caso de denuncia por incumplimiento de jornada.
