De nuevo el Consejo Europeo se ha mostrado dividido. Quizás Max Weber, si viviera, tendría la tentación de sacar otra vez a colación las diferencias entre el capitalismo calvinista y el católico y las ventajas del primero. Puede que Amintore Fanfani se atreviera, de nuevo, a replicarle con una nueva versión de su Catolicismo, Protestantismo y Capitalismo. Pero, más allá de ficciones, lo cierto es que nos encontramos ante un nuevo impasse. Los líderes europeos no llegan a un acuerdo sobre los instrumentos necesarios para que Europa afronte las desbordadas consecuencias económicas del Covid 19 y lanzan la pelota a sus ministros de Finanzas para que, en las dos próximas semanas, aporten nuevas propuestas.
Entre tanto, el ministro holandés del ramo, quizás alentado por las teorías de Weber, reclama que se investigue por qué los países del sur no pueden afrontar la crisis por sí mismos, siendo así que se han sucedido varios años de recuperación económica. Una salida que el primer ministro portugués ha calificado, sin contemplaciones, de “repugnante”.
Recordemos que Holanda y Alemania, entre otros, se beneficiaron en la pasada crisis financiera de las ayudas que la troika aportaba a los países del sur. De hecho, buena parte del dinero fresco regresó rápidamente a los bancos europeos que habían financiado con sus propias dosis de alegría los errores cometidos en el área mediterránea. No sólo se temía por la continuidad del euro. Acongojaba la solvencia de grandes bancos europeos (a sus bancos regionales la señora Merkel los alejó astutamente de los ejercicios de estrés) en cuyas carteras de préstamos existía un acusado nivel de riesgo concentrado en los países considerados despilfarradores. Existía una parte de verdad en esta calificación, pero, como sucede en la corrupción, siempre hay un corrupto y un corruptor. Y, en la vertiente bancaria, alguien que aspira a especular y otro que, cegado por la misma codicia, abre las puertas del banco sin profundizar en la razonabilidad del riesgo incurrido.
Ahora, la situación es muy distinta. Nadie ha ido a buscar el Covid 19. No hablamos de decisiones equivocadas y éticamente reprobables de un grupo de actores económicos o gubernamentales. Lo que se encuentra sobre la mesa es una crisis provocada por una causa exógena. Como lo sería si Holanda o la costa mediterránea se inundaran a causa del cambio climático o los sistemas informáticos con los que controlamos infraestructuras básicas fueran hackeados por una intrusión ciberterrorista, provocando consecuencias catastróficas.
En Europa necesitamos asumir que estamos ante un cambio de era de la que forman parte un conjunto de nuevos riesgos que exceden los límites de los estados integrantes, por poderosos que sean alguno de ellos. Las pandemias, el calentamiento global, la manipulación del ciberespacio, las grandes migraciones, el cambio tecnológico y su control ético, la escasez de los recursos naturales, la transformación del mercado de trabajo y de la formación, forman parte de esta nueva etapa de nuestra historia.
La inversión en prevención y reparación de los daños que resulten inevitables y la compartición de la inteligencia científica, tecnológica y económica requieren de respuestas mutualizadas porque nos encontramos ante adversarios inéditos que superan las fronteras y ponen en serio peligro la seguridad y la vida de las personas. Circunstancias que, por sí solas, deberían ser suficientes para reconocer la perentoria necesidad de que se active todo el arsenal de choque que permiten los Tratados de la Unión.
La crisis de 2008 ya puso de manifiesto que la capacidad individual de respuesta de los países socios se encontraba superada. Fue un primer aviso de los nuevos riesgos, en este caso a cuenta de una creciente financiarización de las economías sin la correlativa presencia de información sobre los riesgos reales existentes y de medidas para la contención de sus consecuencias. Hemos pagado un alto precio por ello. Ahora, el Covid 19 ha irrumpido como elefante por cacharrería. Es la segunda crisis que golpea con enorme dureza a la Unión sin que tampoco exista, en esta ocasión, un plan de contingencia que guíe a las instituciones comunitarias, unos mecanismos de decisión que agilicen al máximo la toma de decisiones y una clara conciencia de que se navega en el mismo barco.
Ambas crisis deberían ser más que suficientes para que se superaran las inercias escleróticas subsistentes, tanto mentales como procedimentales, y que una nueva dimensión del sector público y privado, -el nuevo Estado Previsor-, tomara cuerpo en la Unión Europea y en sus estados miembros. El Estado del Bienestar no cubre las nuevas incertezas con la amplitud suficiente y, en ocasiones, ni siquiera las contempla. Forjado sobre contingencias humanas conocidas o previsibles, su papel precisa, como nuevo aliado, del Estado Previsor. Previsor ante tales riesgos y complementario de las funciones públicas que, como la defensa, la seguridad -aérea, ciudadana, circulatoria-, y la salud preventiva, trabajan en dicha dirección.
PS. La dimensión de los nuevos riesgos no debe impedir una reflexión en nuestro propio espacio. Las consecuencias del Covid 19 podrán atribuirse a diversas razones, pero no pueden abstraerse del esfuerzo realizado en salud. Sonroja contemplar la diferencia entre el gasto sanitario por persona de España y Alemania. En 2017, según datos de la OCDE, 2.371 y 4.300 euros, respectivamente. Cerca de 1.000 euros per cápita de diferencia entre ambos países. El gasto total equivale al 8,9% del PIB en España. Una proporción inferior a la media europea (9,8%) y bien distante de la alemana (11,2%).
Por ello, cuando el shock actual se supere, quizás sea momento de hablar, con mayor convicción y fundamento que nunca, de la distribución vertical de los impuestos en España, de la distancia de la presión fiscal entre ésta y la media europea y de lo que se entiende por eficiencia del gasto público en salud dentro y fuera de nuestra casa.