La portavoz del Gobierno nacional, María Jesús Montero. Foto: EP.MADRID (EP) El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito económico para ampliar la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de la hipoteca y se encuentran en "riesgo de desahucio hipotecario".
Así lo ha señalado la ministra portavoz, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha resaltado que este decreto extiende la protección a los más vulnerables con un ámbito de aplicación superior hasta la fecha.
De hecho, mientras que en ocasiones anteriores la prórroga de la suspensión de lanzamientos solo se hacía durante dos años, en este Real Decreto Ley se extiende a cuatro años, "de modo que hasta 2024 ninguna familiar vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca".
En el mismo texto de la norma también se amplía la definición de colectivo vulnerable para incluir, además de los titulares de una hipoteca que estén en posición de desempleo o a familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan como beneficiarios de la suspensión de desahucios a las familias monoparentales con un solo hijo.
Además, según Montero, el Gobierno ha decidido que el nivel de renta de referencia para que se considere vulnerable una familia debe ajustarse por el número de hijos que tiene la persona o la pareja.
Este Real Decreto Ley también prevé la suspensión de lanzamientos con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o a un tercero y amplía la protección a los más vulnerables con independencia de dónde se adjudique el bien.
"El Gobierno está intentando proteger a los colectivos más vulnerables, que son los que más lo necesitan, y el compromiso es el de atender una realidad social que vino agudizada con motivo de la crisis, pero que todavía no alcanza a muchas de las personas que continúan en esta situación de especial vulnerabilidad y que necesitamos proteger", ha resaltado.
Según Montero, de no extenderse esta protección, el Gobierno estima que se podrían haber visto afectadas más de 29.000 familias, sin contar con las que en el futuro se puedan beneficiar de estas medidas.
La ministra portavoz también ha resaltado que estas medidas complementan a las tomadas ya en 2019 con respecto al mercado del alquiler y que introdujeron mejoras en los desahucios de vivienda por contratos de arrendamientos.
"En todo caso, también quiero comunicar que es preciso continuar abordando los problemas de acceso a la vivienda y protección de ciudadanos", ha apostillado, tras afirmar que la intención del Gobierno es la de continuar tomando medidas para proteger a los más vulnerables en el caso del alquiler, medidas que se van a adoptar en el marco de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
