BRUSELAS (EFE). Lo que antes era un rápido y eficiente "click" a golpe de ratón para comprar un producto en línea de una firma comunitaria conlleva ahora costosas sorpresas. Retrasos por caos burocrático en los envíos y cargos inesperados por importación son algunos de los efectos directos del Brexit que amargan al consumidor.
Desde el pasado día 1 de enero, un sinfín de ciudadanos del Reino Unido airea su indignación en las redes. La mayoría se despacha contra el acuerdo negociado por el Gobierno de Boris Johnson con el bloque europeo al empezar a notarse su impacto en la vida real.
Son compradores que afrontan, en el presente escenario desligado del amparo comunitario, facturas aduaneras cuando firman el acuse de recibo de artículos que habían adquirido en comercios que operan desde la UE. Cargos extra que se han colado de manera aún "inexplicable" para muchos en este tablero de juego comercial.
Ed Casso, de UK Customs -la agencia aduanera del Gobierno británico- aclara a Efe que "los cambios y los nuevos cargos con impuestos son una consecuencia de que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea (UE)".
"Las normas a la hora de adquirir bienes online de lugares de mercado con sede en la UE van en línea con lo que ocurriría cuando se efectúan compras del resto del mundo (reglas que, por supuesto, existían antes del Brexit)", matiza este portavoz oficial.
Casso puntualiza también que "no ha habido variaciones con respecto al impuesto por el valor añadido (IVA)".
Pero a juzgar por los reproches y la bilis descargada a borbotones en portales como Twitter, al consumidor de a pie no parece haberle calado el mensaje. Lamenta que no ha habido aviso. Se siente agraviado. Y, por supuesto, la mayoría quiere que le devuelvan su dinero en esta gran estafa que -dicen- es el Brexit.
Alicia es de Córdoba y trabaja en Londres como au-pair. Su familia en España acostumbraba a enviarle paquetes mensualmente con artículos personales. El cúmulo de interrogantes que parece haber surgido de la nada ha hecho que, por ahora, ni se plantee volver a tramitar nuevos encargos de su país.
El último que le llegó contenía un dibujo que le encargó a su hermana -artista- para regalar por Navidad a su pareja. Debía haberle llegado el 24 de diciembre.
"(Mi hermana) fue a Correos y tuvo que pagar 17 euros, porque tuvo que pagar de más para que (el paquete) llegase antes del 24 o el mismo 24 y se quedó en Madrid; dijeron que se habían cerrado las fronteras y me llegó el día 15 de enero", afirma la andaluza en una entrevista con Efe, donde precisa que no ha obtenido ninguna respuesta a su reclamación.
Isabel reside en el norte de Londres. Como diseñadora autónoma, está familiarizada con hacer frecuentes pedidos a empresas comunitarias. Ahora reconoce que frente al nuevo embrollo burocrático está tratando, por el momento, de no efectuar transacciones con compañías emplazadas en la UE.
"Estoy evitando comprar unas telas en Italia precisamente por esto y porque el envío es una complicación", admite esta británica en declaraciones a Efe.
De la estrenada era pos Brexit, recuerda que hace poco envió a Portugal un paquete que contenía tela sintética -previamente importada de México-. Con el cambio de normativa, se vio forzada a cumplimentar uno de los nuevos y tediosos requisitos: los exhaustivos formularios que prácticamente diseccionan el artículo.
"Tuve que hacer todo el papeleo como si se tratara de un envío internacional a Sudamérica o EE. UU., con la factura de aduanas", señala Isabel después de haber tenido que especificar con precisión el valor del objeto enviado, sus dimensiones, la procedencia, para qué sería empleado...
Situaciones de este tipo generan malestar, sobro todo porque el primer ministro británico, Boris Johnson, había asegurado que el comercio entre ambas partes fluiría exento de aranceles tras el término del periodo de transición -el pasado 31 de diciembre-.
Los consumidores se sienten timados, hostigados para hacer frente a los nuevos recibos aduaneros por importación, pagos por el IVA y tasas administrativas que, al final, hacen que comprar a esas compañías no salga rentable.
Hay una gran opacidad y mucha confusión. Con la muerte de la libre circulación de bienes, a su vez las empresas minoristas comunitarias que envían paquetes al Reino Unido también tienen que rellenar engorrosos formularios y muchas veces los comerciantes ignoran los recargos adicionales que ha de sufragar el consumidor.
La normativa requiere que el IVA en compras hechas por británicos a firmas europeas se añada en el punto de entrega si el valor del producto supera las 135 libras, además de posibles impuestos aduaneros.
En algunos casos, la falta de claridad provoca que el comprador termine pagando el IVA por duplicado -según su tasa en el punto de venta y la tasa británica en el punto de entrega-.
Por no hablar de los cargos que, a discreción, asignan al margen empresas de envío internacional de paquetes y las oficinas de correos.
