Una mujer desahuciada en Madrid. Foto: ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ/EPMURCIA (EP). El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la prórroga hasta el próximo 31 de octubre del escudo social, que incluye la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.
"Una prórroga a ese escudo social que es la protección de los más vulnerables en el ámbito de los suministros energéticos, de protección de la vivienda, para evitar que tengan que abandonar sus hogares como consecuencia de la situación de pandemia, y en la protección de los servicios esenciales a las víctimas de violencia de género, hasta el 31 de octubre", ha explicado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el último antes de las vacaciones de verano, Rodríguez ha añadido que "ojalá" el 31 de octubre, cuando acabe esa prórroga, "los indicadores sanitarios permitan decir entonces que España se puede enfrentar al futuro sin el escudo".
De esta forma, el Ejecutivo ha aprobado la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2021 que expiraban el próximo lunes 9 de agosto. Se trata de una propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad.
En concreto, se prorroga la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad; la prohibición de cortes de suministro de agua, luz y gas; la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad, y la ampliación de la solicitud de prórroga del contrato de alquiler durante un plazo máximo de 6 meses.
También figuran las medidas sobre grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor -persona física con más de diez viviendas-, podrán solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.
Igualmente, el escudo social contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información 24 horas, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en la red social Twitter en el que pone en valor esta prórroga del "escudo social" hasta el 31 de octubre, con el fin de que "nadie se quede atrás".
"Quienes más sufren las consecuencias de la pandemia siguen así contando con el soporte del Gobierno. Nuestro propósito siempre ha sido el mismo: que nadie se quede atrás. En la pandemia y también ahora en la recuperación", ha manifestado Sánchez.
También el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020 ha destacado en otro mensaje en esta red social que el "escudo social" es "la mejor herramienta para combatir las consecuencias económicas y sociales de la crisis de la COVID-19".
Precisamente, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, planteó recientemente mediante una carta a diferentes ministerios proceder con "urgencia" a la prórroga de estas medidas, dado que la pandemia y sus efectos socioeconómicos aún no han desaparecido. Específicamente se dirigió a los departamentos de Presidencia, Justicia, Igualdad, Consumo, Transportes, Trabajo, Sanidad, Transición Ecológica, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Desde Unidas Podemos habían planteado que el 'escudo social' se prolongara hasta final de año, al considerar que era "indispensable" mantener estas medidas para así "garantizar una adecuada protección para el mayor número posible de ciudadanos". Sobre todo porque "siguen siendo necesarias en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia", exponían fuentes de esta formación.
La ministra de Derechos Sociales explicó en esa misiva que se estaba produciendo un incremento de los índices acumulados de incidencia y contagio del Covid-19, por lo que la pandemia "está lejos de desaparecer".
"Esta situación sin duda va a afectar muy negativamente a la campaña de turismo de verano, en especial respecto a la actividad generada por la llegada de turistas extranjeros, con el consiguiente impacto de índole económico y laboral que ya sabemos", relataba la titular de Derechos Sociales.
El pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros ya aprobó la ampliación hasta el 9 de agosto de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el alquiler sea un gran tenedor o entidad pública.
Asimismo, se prorrogó la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables de su vivienda habitual, en los casos ya previstos por la actual normativa.
Además, el pasado 8 de junio se aprobó un real decreto que permite a las comunidades autónomas utilizar los recursos del Plan de Vivienda para pagar a los propietarios la compensación por la paralización en determinados supuestos de los desahucios.
El mencionado decreto antidesahucios que paralizaba los lanzamientos por motivos sociales y sanitarios daba derecho a una compensación a los propietarios si los servicios sociales no habían podido encontrar una alternativa para las personas vulnerables y cuando se produjese una pérdida para el propietario porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler. Los arrendadores afectados podrán solicitar la compensación hasta el 30 de noviembre, según informa el Gobierno.
