Doce Estados miembros de la Unión Europea han bloqueado la aprobación de la norma de transparencia fiscal que obligaría a las grandes empresas multinacionales a publicar el nivel de impuestos que pagan. Se trata de una propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo, que modifica la de 2013 en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales, en concreto de las que facturan más de 750 millones de euros en territorio comunitario. De esa forma, la nueva normativa no ha sido aprobada finalmente por el Consejo de la Unión Europea de Competencia.
Esta propuesta estaba paralizada desde 2016 y la presidencia finlandesa, que ostenta la capitalidad de la Unión Europea en este semestre, había intentado ponerla en marcha. No obstante, necesitaba pasar por el Consejo para su aprobación, donde están representados los Estados miembros y donde se necesita la unanimidad de todos los países para tomar una decisión. Según ha comunicado el Consejo, “ante la falta de apoyo suficiente para la propuesta de la Presidencia, la Presidencia anuncia que continuará trabajando y que reflexionará sobre la mejor manera de llevarlo adelante”.
Los países menos solidarios con el consumidor y con el resto de Estados miembros, que han bloqueado la propuesta, han sido: Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Eslovenia y Suecia. De este grupo, destacan los países del Este, cuya transparencia, no sólo fiscal, está en entredicho. Respecto a otros como Irlanda, es conocido que originan un dumping fiscal en el resto de la Unión. Un ejemplo es que la sede fiscal de Google España se encuentra en Irlanda. Mientras que Malta y Luxemburgo, hasta hace poco, eran considerados “paraísos fiscales”.
Esta propuesta normativa era defendida especialmente por Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Italia, Lituania, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España. Por su parte, otro grupo menor de países no se pronunciaron al respecto, en concreto Finlandia, Alemania y el Reino Unido, este último a las puertas de salir de la Unión Europea. La falta de definición de Alemania y la caída de liderazgo de Angela Merkel ha podido ser otro motivo para que no saliera adelante una Decisión del Consejo que debe adoptarse por unanimidad.
En su preámbulo, la Directiva explica los motivos por los que debía imponerse una obligación para las grandes multinacionales de divulgar su nivel impositivo. “Un mercado único saludable necesita un sistema de imposición de las sociedades justo, eficaz y favorable al crecimiento, basado en el principio de que las empresas deben pagar impuestos en el país donde se generan los beneficios”, dice la norma.
En este sentido, añade, que esta situación perjudica expresamente a las pequeñas y medianas empresas, que no tienen los instrumentos de ilusión fiscal para crear una ingeniería financiera que les permita pagar sus impuestos en otros territorios más benévolos. “La mayoría de las empresas no recurren a esta práctica y se hallan en una situación de desventaja competitiva con respecto a las que sí lo hacen. Las pequeñas y medianas empresas se ven particularmente afectadas por este fenómeno”, explica.
Y añade que es el control público el que debe ”garantizar que los beneficios se graven efectivamente en el lugar en que se generen”. Es decir, los Estados deben exigir que se pague en el territorio donde se obtiene el beneficio y no donde estén registradas con domicilio fiscal. “El control público puede reforzar la confianza de los ciudadanos y la responsabilidad social de las empresas, contribuyendo al bienestar mediante el pago de impuestos en el país donde desarrollan su actividad”, expresa la norma.
En marzo de 2015, la Comisión anunció una lista completa de iniciativas en su Plan de acción sobre un sistema de imposición de las sociedades más justo y propuso, en el marco del Paquete de lucha contra la elusión fiscal, aplicar en la Unión el Plan de Acción de la OCDE adoptado por el G20 con objeto de luchar contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Este Plan consiste, en su Acción 13, que “las autoridades tributarias recibirán un informe país por país de las empresas multinacionales a propósito del impuesto de sociedades pagado, lo que permitirá incrementar el nivel de cumplimiento de la legislación fiscal”.
En respuesta a los llamamientos del G20 y otros foros, la Comisión puso en marcha el Plan con esta medida legislativa que exigía una "mayor transparencia por parte de las empresas para permitir un control público de si el impuesto se paga en el lugar donde se generan los beneficios". Concretamente, las multinacionales deben hacer público, en un informe específico, el impuesto de sociedades que pagan, junto con otros datos fiscales pertinentes, tanto si tienen su sede en la Unión como en un tercer país y con un volumen de negocios superior a 750 millones de euros.
Se trata de unos requisitos de transparencia adicionales, que se pretendían aplicar, por primera vez, no solo las empresas europeas, sino también las empresas multinacionales no europeas que desarrollan actividades en Europa. Cabe recordar que las jurisdicciones de terceros países que no respetan las normas de buena gobernanza fiscal internacional ofrecen oportunidades específicas para la elusión y la evasión fiscales.
Esta propuesta no impone obligaciones a las pequeñas y medianas empresas, y es proporcionada, en lo que atañe tanto a su ámbito de aplicación como a la información que habrá de divulgarse, al objeto de limitar los costes derivados de su cumplimiento y otros costes para las empresas en cuestión y evitar perjuicios en su competitividad o exponerlas a riesgos de doble tributación indebidos. Por tanto, la medida intentaba adecuarse al planteamiento multilateral apoyado por el G20 y por la OCDE.