Foto: EDUARDO MANZANAMADRID (EFE). Después de que los líderes europeos acordaran en julio pasado el nuevo presupuesto comunitario, que incluye los fondos de la Política Agraria Común (PAC), se ha abierto un proceso que culminará con la entrada en vigor de la reforma de la PAC en enero de 2023.
Hasta esa fecha deben darse todavía distintos pasos, que en los próximos meses estarán marcados por la negociación en Bruselas de las normas que configuran la nueva política agrícola y por la elaboración de los planes estratégicos a escala nacional.
"Esta PAC entrará en vigor con dos años de retraso, provocado por el retraso del Consejo Europeo y también por la pandemia, que ha afectado a los calendarios", resume el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Tras despejarse la duda del presupuesto de la PAC para el periodo 2021-2027, que en precios corrientes supera los 400.000 millones de euros (47.682 millones irán a parar a España, según el Ejecutivo), falta por acordar la reforma de los reglamentos comunitarios que fijan las reglas de aplicación de la PAC.
El paquete de reformas se compone de un reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC; otro sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agraria; y un tercero sobre la organización común de los productos agrarios.
Las instituciones europeas ya acordaron en junio de manera provisional y parcial un reglamento de transición que permitirá a los productores seguir cobrando las ayudas, sin que cambien las condiciones, entre 2021 y 2022.
En octubre se procederá a su aprobación definitiva, una vez que se han acordado los fondos de la Política Agraria Común, integrados en el Marco Financiero Plurianual.
Según Planas, está prevista la aprobación del planteamiento global de todas las enmiendas a nivel político en el seno del Consejo Europeo a mediados de octubre, mientras que el Parlamento Europeo hará lo propio en su segunda sesión de ese mismo mes.
Será a principios de noviembre cuando el Consejo y el Parlamento inicien una negociación con la intención de llegar a un acuerdo legislativo final en los siguiente meses, previsiblemente a principios de 2021.
La Comisión Europea presentó en mayo pasado sus estrategias sobre biodiversidad y la referida a "De la granja a la mesa", elemento del Pacto Verde Europeo centrado en la transición hacia una producción más sostenible de alimentos, con medidas como el aumento de la superficie ecológica o la reducción del uso de fitosanitarios y antibióticos.
Esos requisitos ambientales guiarán la aplicación de las nuevas ayudas comunitarias, para lo que cada país de la Unión Europea elaborará un plan estratégico exponiendo cómo se propone orientar la financiación de la política agraria y satisfacer sus necesidades específicas en consonancia con los objetivos generales de la UE.
El Gobierno está trabajando en el plan estratégico español con las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias, las cooperativas y los grupos ambientalistas, de acuerdo con Planas.
Actualmente, se encuentra en la etapa de definición de las necesidades de apoyo, después de haber examinado la situación del sector agrícola y ganadero en el país, y analizado las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta todo el proceso.
Como explica el ministro, se trata de "un trabajo de carácter técnico, pero que concluye en una fase política" en la que el Gobierno y las autonomías deberán ponerse de acuerdo sobre qué sectores apoyar y de qué manera hacerlo, partiendo de las normas europeas.
Finalmente se diseñarán las medidas concretas del plan, en un ejercicio de trasladar a la realidad española los objetivos cuantitativos que recogen las estrategias europeas.
"Tengo intención de someterlo a la Comisión Europea probablemente en abril del año que viene para la discusión del borrador y registrarlo oficialmente a mitad de 2021. De esa forma, quedaría aprobado a finales de 2021 o principios de 2022, y lo podríamos aplicar para 2023", asegura Planas.
Aparte del diálogo con Bruselas, en España el debate sobre la nueva PAC gira en torno a varios ejes: la definición de "agricultor genuino" o profesional como beneficiario, un régimen de pequeños agricultores que los favorezca, los límites a las ayudas y su distribución, los ecoesquemas (incentivos para el desarrollo de prácticas sostenibles) y el fomento de la agricultura ecológica.
Tras reunirse en julio con los consejeros autonómicos, Planas avanza que en otoño mantendrá con ellos otra cita para hablar de los programas específicos de las frutas y hortalizas, el vino y el olivar, las tres grandes producciones mediterráneas.
Después habrá un tercer y último encuentro, durante el primer trimestre de 2021, a modo de conclusión y en función del calendario europeo.
