Vox llevará a la Asamblea y a los plenos locales una moción para evitar los derribos de cruces cristianas

MURCIA. Vox quiere proteger las cruces cristianas de los "ataques y derribos" que vienen "sufriendo" estos símbolos en los últimos meses. El partido presentará mociones en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos para que la cruz cristiana sea considerada como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta iniciativa también se planteará en la Asamblea Regional, donde Vox cuenta con un diputado, y en las 19 corporaciones murcianas con representantes de la formación que lidera José Ángel Antelo.

El objetivo de esta medida, explican en un comunicado, es "parar la ofensiva contra los símbolos y los sentimientos religiosos que se vienen padeciendo". Estos ataques, señalan, se amparan "en las leyes ideológicas dictadas por los diferentes gobiernos socialistas que no fueron derogadas por los ejecutivos del Partido Popular cuando tuvo fuerza para hacerlo, pese a que lo llevaba en sus programas electorales".

Las mociones instan a los ayuntamientos y las comunidades autónomas a "realizar un inventario de las cruces existentes en las vías públicas o en lugares de dominio público para que sea enviado a las consejerías de los gobiernos regionales de manera que éstas las cataloguen como Bien de Interés Cultural". Esta catalogación, explican desde Vox, dotaría a las cruces de "una especial protección jurídica que en ningún caso afectaría a la titularidad del derecho de propiedad o derechos reales sobre las mismas".

Esta solicitud se basa en la Ley de Patrimonio Histórico español, que establece que forman parte del patrimonio cultural "las muestras culturales de la aportación de nuestra patria a la civilización universal, uno de cuyos máximos exponentes fue la proliferación de cruces en las vías públicas".

Vox remarca que la cruz cristiana es "el principal símbolo del cristianismo como creencia religiosa de un tercio de la población mundial y está ligada, también, al margen de las creencias, a la historia de España". La moción presentada también se ampara en el mandato que da la Constitución Española, que exige a "los poderes públicos conservar y promover la conservación y protección del patrimonio histórico, artístico y cultural de España, así como el acceso a la cultura".