VALÈNCIA. En estos tiempos de crisis climática y social, también económica en muchos lugares del mundo, -no en el caso de España-, la derecha y la ultraderecha han encontrado en la distorsión de la realidad su mejor arma para desmantelar el Estado de Bienestar. Su objetivo es claro: convertir la democracia en un simple mercado donde los derechos se compran y se venden, donde la igualdad es un obstáculo y donde los gobiernos acceden al desmantelamiento en favor de intereses privados.
Este fin de semana la ciudad de València se teñía de rojo por la celebración del decimoquinto Congreso del PSPV-PSOE. La importancia de esta cita es proporcional a la fuerte crítica que la derecha y la ultraderecha vienen haciendo con ahínco en las últimas semanas, por no entender la esencia de la democracia, ni dentro ni fuera de sus estructuras. Pero los partidos políticos que sí respetan los procesos democráticos entienden estos acontecimientos como esenciales para poder renovar y reforzar las ideas y los equipos de personas que ofrecen alternativas políticas en un escenario de pluralidad política. Y en estos tiempos, y tras la terrible tragedia que hemos vivido los valencianos y valencianas, cobra más sentido si cabe tener una alternativa preparada para hacerle frente a la indecencia que nos gobierna desde que Mazón llegó al Palau de la Generalitat. El PSPV-PSOE con Diana Morant a la cabeza es esa alternativa, la única capaz de devolver la dignidad a esta tierra.
Y es que es urgente tener a punto una alternativa diametralmente opuesta a esta visión mercantilista de algunos gobiernos y que de una forma muy clara estamos viviendo en la Comunitat Valenciana. La gestión del actual gobierno autonómico ha demostrado que, cuando la derecha gobierna, lo hace para unos pocos, olvidando a quienes más lo necesitan. Bajan los impuestos a las rentas más altas, desmantelan los servicios públicos como la sanidad y la educación, y acaban con los derechos de los colectivos más vulnerables como las mujeres víctimas de violencia machista. La reciente DANA ha sido una prueba imperdonable de la falta de apuesta política, de la falta de estrategia climática y sobre todo de falta de respuesta ante la emergencia que ha traído consecuencias irreparables. Lejos de reforzar los servicios públicos para hacer frente a catástrofes climáticas cada vez más frecuentes, se han dedicado a comulgar con el negacionismo desde su llegada al autogobierno valenciano, a recortar en las partidas presupuestas relacionadas, en romper todos los avances en protección medioambiental y prevención de desastres como la fulminación de la Unidad Valenciana de Emergencias, entre otras.
Frente a un desmantelamiento global, el Gobierno de España ha demostrado que la política puede ser una herramienta de progreso si se utiliza con responsabilidad. En un contexto internacional complicado, España ha crecido por encima de la media europea y ha reducido el desempleo a niveles históricos. Mientras otros países se enfrentan a recesiones o estancamientos, nuestra economía sigue avanzando gracias a políticas de inversión pública, modernización y apoyo al empleo.
En el contexto autonómico, ante la dejación de funciones del actual Consell de Mazón, el Gobierno de España ha puesto a disposición de la Comunitat la mayor movilización de fondos para la reconstrucción de las ciudades afectadas por la DANA, con un total de 1.721 millones de euros, para reparar, para reconstruir las infraestructuras municipales. Esto no es un titular, esto se publicó ayer en el BOE.
Sin embargo, la derecha y la ultraderecha han construido un relato paralelo, donde España está al borde del colapso y donde la realidad económica se tergiversa sin pudor. Utilizan el miedo y la desinformación para minar la confianza en las instituciones y abrir la puerta a políticas neoliberales que solo benefician a una minoría privilegiada.
Un ejemplo claro que explica estas rotundas y contrastadas afirmaciones los tenemos con lo sucedido esta pasada semana en el parlamento español. El Partido Popular ha votado en contra de un decreto que mejoraba la vida de la ciudadanía y no ha dudado en mentir sin pudor para esconder sus verdaderas intenciones. Ha votado en contra de la subida de las pensiones, en contra de las ayudas al transporte para nuestros jóvenes, en contra de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas de más de 10.000 millones de euros y en contra de las ayudas a las personas afectadas por la DANA. Y ha votado en contra cuando su voto era necesario para que estas medias fueran una realidad. Ha votado en contra cuando su voto hubiese servido para mejorar la vida de las españolas y especialmente de las valencianas y los valencianos. En ese momento decidió votar en contra, pensando en debilitar al Gobierno de España, aunque para ello perjudicara los intereses de millones de personas. Y lo hizo poniendo en marcha toda la maquinaria de mentiras para esconder su verdadero objetivo, que no es otro que seguir atacando el Estado del Bienestar y debilitar a la mayoría social de este país. Le salió mal. Afortunadamente el Gobierno de España consiguió encontrar los votos suficientes para que en el parlamento salga el sí a estas cuestiones. Lo más incomprensible de todo esto es que ahora el PP anuncia su voto a favor. Ahora que ya no se necesitan. Lo más grave es que lo hace para llevarle la contraria a Pedro Sánchez. Para el PP los pensionistas, los jóvenes, las valencianas y valencianos no importan. Solo interesa derrocar al presidente socialista.
Otro ejemplo evidente de la intención de mercantilizar un gobierno, lo tenemos en la manipulación del problema de la vivienda por parte de la derecha española. Y es que concentran todos sus esfuerzos en desviar la atención de la problemática de la vivienda al riesgo de ocupación, que supone en la actualidad un riesgo real inferior al 0,06%. Pero han conseguido que la percepción de los españoles sea de una afección del 51,3%. Es decir, creen que afecta a uno de cada dos españoles. Una mentira fácilmente desmontable, pero que ha calado firmemente.
Esta distorsión de la realidad no es casual. Forma parte de una estrategia más amplia para desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan a la mayoría de la población, como es la dificultad de acceso a una vivienda digna. Según una encuesta reciente, el 84% de los españoles está preocupado por el acceso a la vivienda y el aumento de su precio. Sin embargo, en lugar de abordar estas preocupaciones con políticas efectivas, las comunidades autónomas que son las competentes en la materia, concretamente aquellas que están gobernadas por el PP, bloquean una ley de vivienda aprobada por el Gobierno de España que pondría freno a la especulación feroz que sufrimos. Por el contrario, se dedican a fomentar el miedo a problemas sobredimensionados para justificar medidas que benefician a unos pocos.
La socialdemocracia ha demostrado que es la mejor garantía para la estabilidad, el crecimiento y la igualdad. Pero su continuidad no está asegurada si permitimos que quienes solo ven la democracia como un mercado sigan ganando terreno. Nos jugamos mucho: nos jugamos el modelo de sociedad que queremos. Y, frente a quienes solo buscan que los ricos sean más ricos y los pobres sigan siendo más pobres, la respuesta debe ser clara: la democracia no se vende.
La democracia se defiende.
