VALÈNCIA. Hace ocho años la Associació de Juristes Valencians (AJV) inició una campaña ante municipios y organizaciones de la sociedad civil para defender el derecho valenciano. “Han sido 8 años de lucha muy positivos para un colectivo numéricamente modesto -no llegamos a los 100 socios- porque hemos ayudado a la Generalitat y Les Corts a darle empuje y alma social a la defensa del autogobierno valenciano. Siempre hemos hecho todo lo que hemos podido para intentar que Les Corts puedan legislar en materia de derecho civil y cumplir el papel que le otorga l´Estatut. Quizás, lo más relevante es que, por nuestra trayectoria, somos previsibles. Los políticos pueden fácilmente prever nuestra posición. Siempre optamos por el autogobierno”, asegura su presidente, José Ramón Chirivella.

Chirivella explica que, cuando el Tribunal Constitucional anuló tres leyes modernas en materia de derecho de familia, desde la AJV propusieron a Les Corts, a finales de ese mismo 2016, reformar la Constitución con una redacción concreta (un nuevo párrafo en la Disposición Adicional 2ª de la carta magna) del abogado Luis Higuera, que obtuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto Ciudadanos. “Nos costó tres años, por la disolución anticipada de la cámara valenciana en marzo de 2019, pero Les Corts, bajo la presidencia de Enric Morera y a propuesta conjunta del PSPV, el Partido Popular valenciano, Compromís y Podem, plantearon esa modificación constitucional en 2020 al Congreso”. 

Previamente habían realizado una compleja campaña divulgativa entre alcaldes, concejales y lideres sociales sobre el “beneficio” de disponer de un derecho civil propio, y las razones jurídicas e históricas que fundamentan esta “reivindicación ideológicamente tan transversal”, señala el presidente de la Associació de Juristes Valencians. “Gracias al trabajo de muchas personas, 541 municipios y la mayor parte de la sociedad civil exigen a las Cortes Generales solucionar una discriminación que arrastramos desde la abolición de Els Furs en 1707. Somos la única comunidad histórica a la que no se le permite de facto disponer de leyes civiles modernas, pero no nos hemos rendido”.

Chirivella considera que “queda consagrar en el BOE, lo que claramente queremos la mayoría social valenciana, y para eso necesitamos a todos nuestros representantes políticos. Una reforma constitucional del art. 167- la más sencilla- requiere 3/5 del Congreso (o sea 210 de los diputados) y también de los senadores. La disolución anticipada del Congreso realizada por el Presidente Sánchez tras las elecciones autonómicas y locales de mayo, evitó que avanzara la reforma del artículo 49, y que por tanto se votara la enmienda que Juristes Valencians solicito a Joan Baldoví que presentara”.

- ¿Cuáles son los fundamentos que respaldan la defensa del Derecho Civil valenciano?

- Existen tres fundamentos básicos. El primero es normativo, ya que el Derecho Civil valenciano es un derecho reconocido de forma reiterada por el Estatuto y en el preámbulo lo determina como eje del autogobierno. Los estatutos se aprueban mediante Ley Orgánica, por tanto fruto de un pacto entre les Corts y las Cortes Generales (Congreso y Senado) que se funda en los principios de democracia –derivado del apoyo que tuvo la reforma estatutaria de 2006- y de igualdad, para subsanar la discriminación de ser el único territorio histórico con normativa civil foral a los que el dictador Franco no posibilitó su actualización o pervivencia. El Tribunal Constitucional no determinó que fuera inconstitucional la capacidad legislativa civil valenciana.

Hay tres fundamentos que respaldan la defensa del Derecho Civil valenciano: el normativo, el identitario y la utilidad

El segundo fundamento es identitario o histórico. La seña identitaria histórica valenciana, por antonomasia, era la capacidad legislativa de los braços de les Corts, de forma paccionada con el Rey. En realidad, nuestro derecho foral era el más importante, por disponer de unas Corts, carácter integral para el conjunto del territorio, irrevocable salvo acuerdo de cada uno de los 3 braços de les Corts y el Rey. Disponía de casi 5.000 fueros o normas, en todo tipo de disciplinas desde el derecho penal, organización institucional, …, aunque la más relevante era la civil, y como documenta la monografía Nostalgia de los fueros perdidos de la catedrática Pilar García Trobat, desde la injusta abolición foral en 1707 obra de Felipe V, se ha reclamado por juristas, historiadores y fuerzas políticas muy diversas hasta la fecha. Las aspiraciones autonomistas siempre han estado vinculadas a legislar civilmente como el resto de la Corona de Aragón.

El tercer fundamento es la utilidad para los ciudadanos de disponer de un derecho civil moderno, y diseñado para nuestra propia sociedad.