VALÈNCIA (EFE). La nueva cartografía Dana, diseñada por la Generalitat para abordar de "manera efectiva" la gestión del territorio en un escenario posemergencia, identifica y delimita las zonas de riesgo inundables, "donde quedarán suspendidos los procedimientos urbanísticos en suelos rurales y en aquellas que queda condicionado".
Así lo ha destacado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, durante la presentación de esta nueva cartografía desarrollada por su departamento y que establece en un 18,57 % el porcentaje de suelo del total de municipios afectados por las riadas que causó la dana del 29 de octubre.
Durante el acto, Martínez Mus ha anunciado la reforma del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) como "paso necesario para adaptarse a los desafíos que presenta el cambio climático y las inundaciones recientes”.
Herramienta para prevención, planificación y respuesta
El conseller ha destacado que la nueva cartografía DANA es una herramienta “fundamental para la prevención, planificación y respuesta en la gestión de la ordenación del territorio”.
"No solo analiza el comportamiento de los flujos de agua durante episodios de riadas, sino que también evalúa la peligrosidad y vulnerabilidad de las diferentes áreas afectadas y las alturas alcanzadas ante el desbordamiento de los cauces de las cuencas de los ríos Turia y Magro, así como los barrancos del Poyo, Saleta y Picassent y sus afluentes", ha subrayado.
En este sentido, las conclusiones extraídas revelan que la mancha de inundación en el río Magro coincide con lo previsto en el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), mientras que en los barrancos Poyo, Saleta y Picassent la extensión de la inundación es mayor que en cartografías vigentes.
Por su parte, en el río Turia, la comparación con cartografías oficiales muestra disparidades significativas debido a la intensa lluvia en municipios específicos, según informa la Generalitat en un comunicado.
Con estos resultados, el conseller ha explicado que, aunque la cartografía DANA es descriptiva, “se ha clasificado el territorio afectado por las inundaciones en tres franjas que determinarán el tratamiento urbanístico de cada zona”.
La primera de ella la constituyen los Suelos Inundables en la cartografía PATRICOVA y en la cartografía del Ministerio; la segunda, Suelos No Inundables en ambas cartografías, pero situados dentro de la delimitación de la huella de zona inundada por la cartografía DANA y, en tercer lugar, los suelos que no se incluyen en las dos categorías anteriores.
“Con estas actuaciones previstas, el porcentaje de suelo del total de municipios afectados es del 18,57 por ciento”, ha incidido el titular de Territorio.
Decreto Ley de medidas urbanísticas urgentes
Durante la presentación, Martínez Mus se ha referido al reciente Decreto Ley de medidas urbanísticas urgentes para facilitar la reconstrucción en municipios dañados por inundaciones.
Este decreto suspende ciertos procedimientos urbanísticos hasta que se concreten las obras hidráulicas necesarias para eliminar el riesgo de inundación, y con esta cartografía quedan delimitadas estas zonas que se incluirán en la normativa en vigor que está siendo tramitada como proyecto de ley.
El conseller ha insistido en que es preciso que el Gobierno central “actúe sin demora y presente un calendario de ejecución de estas obras hidráulicas, junto con la correspondiente reserva presupuestaria, que condicionan la reclasificación del suelo que se mantendrá bloqueado en aquellas zonas de afección de los barrancos del Poyo y la Saleta".
"Desde la Generalitat hemos cumplido y hemos hecho nuestra parte”, ha afirmado el conseller, quien ha resaltado que la nueva cartografía “proporciona un diagnóstico claro de las zonas inundadas por la riada y de aquellas en las que no existe influencia de obras hidráulicas pendientes de ejecutar por el Estado".
Ha asegurado el compromiso de la Generalitat para garantizar la seguridad de los ciudadanos con la reserva cautelar del suelo donde deban llevarse a cabo obras estructurales, y con el equilibrio entre la restricción del desarrollo en suelos con riesgo de inundabilidad con un análisis detallado de cada proyecto y los informes preceptivos y vinculantes del órgano autonómico competente.
