CARTAGENA. Las obras de urbanización del espacio del Centro Comercial Las Dunas de Cabo de Palos, que estaban aprobadas meses, atrás no arrancarán hasta septiembre, porque el Ayuntamiento ha solicitado a los dueños de esta superficie que no se lleven a cabo ahora que se inicia la época estival y se produce una gran concentración de veraneantes en la zona. Se iba a proceder a la reparación y la urbanización del Centro Comercial y las mismas consistían en la construcción de las calles, aceras, alumbrado, nuevas tomas de agua y nuevo alcantarillado.
El grupo de empresarios que tratan de poner en marcha esta gran superficie comercial consideran que desde el Ayuntamiento de Cartagena no dejan de ponerles trabas para llevar a cabo sus actuaciones y afirman que octubre de 2021 pidieron un certificado de innecesariedad de reparcelación, que es el trámite para constituir un complejo urbanístico y dividirlo en tres comunidades de propietarios (hay un total de 786 locales), pero han recibido la callada por respuesta. "Es un mérito trámite y desde octubre del año pasado hasta el día de hoy, no nos han contestado. Nos dicen que está en manos de la funcionaria, que aun no ha resuelto", dice José García, uno de los propietarios de parte de la superficie del CC Las Dunas, quien añade que en este caso hay tres opciones, o bien contestar positivamente, diciendo que no es necesario el certificado "tal y como nos han asegurado un notario y el equipo jurídico que nos asesora", la segunda opción es que lo autoricen y la tercera es que lo denieguen. "Pero el Ayuntamiento prefiere no contestar, como en todo lo que hace".
Por otro lado la empresa Consprocom SL es propietaria de la unidad 2 del CP2, que se encuentra en los terrenos anexos al lugar donde se celebra el Mercadillo de Cabo de Palos. La mercantil se ha llevado un nuevo traspié a su proyecto urbanizador, ya que la Ley del Mar Menor indica que todos aquellos que no tengan aprobados, aunque sea inicialmente, el proyecto de urbanización, estos deben ser suspendidos, "y este sector no lo tenía aprobado (el proyecto de urbanización) cuanto entró en vigor la ley", dicen fuentes municipales.
Entonces, ¿queda en suspenso? "Esto es incomprensible. Nos parece un atropello total. Así no vamos a poder empezar nunca", afirma el empresario José García, que a su vez es también uno de los dueños de dichos terrenos. "Se solucionará cuando pasen los tres años de vigencia de la Ley del Mar Menor, si es que no se prorroga la ley", pero advierte que “voy a empezar a moverme en los Tribunales, porque en Las Dunas hemos pasado por muchas injusticias: hubo una suspensión del Plan General y pudimos haber hecho una reclamación y no lo hicimos, porque siempre hemos querido llevar las cosas por un camino de la negociación y la buena relación, pero no queremos pasar por una más”, añade el promotor.
"La ley del Mar Menor", añade García, "en su artículo 16 dice que se hará un plan de ordenación de cuenca de aguas vertientes al Mar Menor, pero las aguas de Cabo de Palos vierten al mar Mediterráneo, por lo no deberían estar incluido en ese anexo a esa ley. Se han suspendido obras a Cabo de Palos de forma indebida. ¿Qué vertido va a hacer eso al Mar Menor?, ninguno. Las leyes, o en este caso, el anexo de la ley se ha hecho mal y hay que corregirlo", explica el promotor.
"Dice con claridad (la ley) que deberán suspenderse los expedientes que cuando entre en vigor la ley no cuenten con proyecto de urbanización aprobado y la empresa no lo tenía aprobado", añaden fuentes municipales. No obstante, hay que recordar que el proyecto de urbanización fue presentado en 2017 pero los empresarios no han recibido notificación alguna. "Han tenido cinco años el proyecto y no han sido capaces de hacer nada", responde el promotor.
El propio Ayuntamiento daba la razón al empresario en la sesión plenaria de septiembre de 2021 al indicar, respecto a la aplicación del artículo 16 de la Ley del Mar Menor, lo siguiente “Hay actuaciones urbanísticas en trámite en Los Belones y Cabo de Palos que cuentan con proyecto de urbanización aprobado en su fase inicial, y que, al no especificarse en la norma referida la fase de aprobación del mismo, en caso de ser interpretado de forma restrictiva y, por tanto, aplicable su exclusión sólo a proyectos aprobados definitivamente, dichas actuaciones no podrían continuar su tramitación hasta que finalizara el plazo de suspensión de tres años. Ello a pesar de que, en el caso de Cabo de Palos, dicha actuación no afecta al Mar Menor, pues las aguas de escorrentía no desembocan en él, y se encuentra de hecho edificado y urbanizado legalmente, e integrado plenamente en la malla urbana”.
Consprocom solicitó, por otro lado, la Modificación Puntual Estructural del PGOU en el Sector CP2 de Cabo de Palos. El objeto de la modificación puntual presentada consistía en la clasificación de parte del Sistema General de Espacios Libres establecido en el planeamiento, como Sistema General Viario, dado que fue ejecutada una rotonda intermedia en la RM12 que ocupó terrenos pertenecientes a dicho SGEL, trasladando estos Espacios Libres a otra zona dentro del sector. Pero en el pleno del mes de abril de este mismo año se producía la suspensión de esta modificación al considerar, por tanto, que el ámbito territorial del Sector CP2 se encuentra incluido en el Área de Exclusión Temporal para nuevos desarrollos urbanísticos definido en el ANEXO II de la Ley 3/20 del Mar Menor. "La suspensión deberá mantenerse en tanto no se apruebe definitivamente el Plan de Ordenación Territorial de la nueva vertiente del Mar Menor, y, en todo caso, durante el plazo de 3 años, desde la entrada en vigor de la Ley", dice el acta del Pleno aprobado en abril de este año.
Desde la empresa lanzan el grito al cielo y afirman no salir de su asombro. La Comunidad Autónoma ha construido una nueva rotonda de entrada Cabo de Palos, a petición del propio Ayuntamiento, que lo aprueba en comisión de Gobierno el 13 de marzo de 2015. El Ayuntamiento solicitaba a la Dirección General de Carreteras de la CARM que la construyese y, además, indicaba que estaba dispuesto a hacer las modificaciones urbanísticas necesarias para contemplar dicha rotonda, por lo que mostraban su disposición a ceder el terreno de su propiedad necesario para la ejecución de la misma. Es un acuerdo de Junta de Gobierno y así se lo trasladan a la Comunidad Autónoma.
Finalmente se construye la rotonda, y el Ayuntamiento, a pesar de que lo requiere la CARM, "no hace las modificaciones urbanísticas, pero sí que nos exige a nosotros, los propietarios, que hagamos la modificación puntual del Plan General, para así poder contemplar dicha rotonda. Además, nos piden que cedamos los terrenos para cubrir la zona verde que ha cogido la rotonda", añade José García. "Nosotros aceptamos y empezamos a tramitar dicha modificación", presentada en el Ayuntamiento el 22 de junio de 2020, pero cuando están listos todos los informes sectoriales en Medio Ambiente (tres años de tramitación), "se adopta un acuerdo, el 28 de abril de 2022 que suspende la tramitación, porque afecta a la Ley del Mar Menor".
"La modificación del Plan Urbanístico la tenía que haber hecho el Ayuntamiento, porque son ellos los que solicitan la rotonda", insiste el empresario, quien añade que lo que se estaba haciendo es regularizar una situación de facto, "porque la rotonda está hecha y no alteramos nada que pueda cambiar la situación del Mar Menor, cuando nada vierte a la laguna. No estamos causando daño alguno".
