María Luisa Casajús. Foto: PPMURCIA (EFE). El pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha rechazado este martes en dos ocasiones la celebración de consultas públicas a los vecinos sobre la ubicación de plantas de biogás en sus localidades planteada por el PSOE y la elaboración de una normativa regional que las regule propuesta por Podemos-IU/V-AV, ambas rechazadas con los votos del PP y de Vox.
La viceportavoz socialista, Carmina Fernández, ha dicho que "el PP da la espalda a los vecinos y demuestra que no le interesa regularlas", cuando es "responsabilidad exclusiva” del Gobierno regional ordenar el territorio. Ha explicado que el PSOE pide "algo sencillo y justo", que "se regule y no se mueva un solo ladrillo hasta que se escuche a los vecinos y haya una normativa que los proteja", pues el partido "no está en contra de la generación de biogás, una forma de generación de energía que contribuye a la mitigación del cambio climático y a la economía circular y contribuye a la descarbonización y cuya producción reduce la dependencia energética nacional y europea". Pero "estas ventajas no tienen razón de ser si son a costa de generar un perjuicio para los vecinos", ha subrayado.
La portavoz de la coalición de izquierdas, María Marín, ha citado el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la región, que recoge que su administración "impulsará la participación y la colaboración de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada en los asuntos públicos con la finalidad de conseguir que cualquier intervención sobre ellos resulte satisfactoria, duradera e inclusiva".
Ha mencionado las "numerosas concentraciones" contra las macroplantas de biogás que están teniendo lugar en varios municipios y pedido a la Cámara que demuestre "que le importan las reclamaciones ciudadanas y está dispuesta a ser su vehículo por encima de cualquier interés privado y por encima de las presiones de cualquier grupo de presión".
La consulta propuesta preguntaba si se estaba a favor de la instalación de una planta en su municipio y si se apoyaría una moratoria hasta que se desarrollara una normativa regional ambiental específica.
Para el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, los referendos sobre el biogás son "un intento de capitalizar el descontento popular por la ausencia de planificación del Gobierno regional”.
"Las empresas ven la facilidad de manipular a los alcaldes, como ha ocurrido con las placas solares, y se instala el caos por la falta de previsión del Ejecutivo autonómico", ha dicho antes de exigir una planificación, pues "estas instalaciones son bienvenidas, pero en emplazamientos preferentes y especiales".
La diputada del PP María Luisa Casajús ha remarcado que por mucho que el PSOE pretenda confundir, ya existe numerosa normativa sobre instalación de plantas de biogás que garantiza la protección del medio ambiente y la participación social enlos procesos de exposición pública.
"El refuerzo de controles e inspecciones del Gobierno regional permitirá asegurar el cumplimiento del plan de vigilancia ambiental y de las autorizaciones ambientales integradas evitando posibles impactos negativos en el entorno y garantizando la correcta operación de las plantas", ha apuntado.
El pleno se ha iniciado con el debate de toma en consideración de la modificación de la ley de atención temprana, formulada por Vox, rechazada por el resto de la Cámara, con lo que no podrá presentarse otra para lo mismo hasta el próximo año legislativo.
Tampoco ha salido adelante una moción del PP para reclamar al Gobierno español un sistema de financiación autonómico justo y solidario, a la que se han opuesto los otros grupos.
La única moción que se ha aprobado pedía al Gobierno central medidas para "aminorar las consecuencias del clima cambiante y episodios de lluvias torrenciales", presentada por Vox y apoyad por el PP.
Los grupos de izquierdas la han rechazado por estar recogida en otra moción formulada por la coalición y aprobada por unanimidad el pasado 19 de noviembre.
