ORIHUELA. El Ayuntamiento de Orihuela someterá en las próximas semanas a consulta pública el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un primer trámite para definir esta herramienta de regulación del tráfico y la movilidad urbana. El proceso permitirá a ciudadanos, asociaciones y colectivos presentar aportaciones durante un plazo de un mes desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

La iniciativa llega, sin embargo, con notable retraso. La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones es una obligación recogida en la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que estableció que todos los municipios españoles con más de 50.000 habitantes debían contar con estas áreas antes de enero de 2023. En el caso de Orihuela, más de tres años después de ese plazo, el consistorio se encuentra todavía en una fase inicial del procedimiento administrativo.

El documento que se someterá ahora a participación ciudadana es un avance técnico elaborado por una empresa especializada y entregado al Ayuntamiento el pasado 23 de marzo. Se trata de un estudio preliminar que servirá de base para definir posteriormente la delimitación de la zona, las restricciones de tráfico y las medidas de movilidad que se aplicarán en el casco urbano.

El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, ha defendido que el proyecto de ZBE debe entenderse como “un instrumento estratégico de planificación urbana” que pretende transformar el modelo de movilidad del municipio y avanzar hacia una ciudad “más saludable y eficiente”.

Según el diagnóstico incluido en el documento, el tráfico rodado es la principal fuente de contaminación atmosférica en la ciudad, especialmente en lo relativo a emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión. A ello se suma el ruido generado por la circulación y la elevada dependencia del vehículo privado para los desplazamientos urbanos, factores que generan congestión y presión sobre el espacio público.

El estudio también señala dificultades para impulsar alternativas de movilidad sostenible, como el transporte público, los desplazamientos a pie o la bicicleta, lo que refuerza un modelo de movilidad centrado en el coche. En este contexto, la futura ZBE pretende reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y disminuir el ruido urbano, además de fomentar modos de transporte menos contaminantes.

Consulta pública antes del proyecto definitivo

El proceso arrancará con una fase de consulta pública previa, conforme a la normativa autonómica de participación ciudadana. Durante ese periodo, la documentación estará disponible en la sede electrónica municipal y en el portal de transparencia, donde cualquier persona podrá presentar alegaciones o sugerencias.

Una vez finalizado este trámite, el Ayuntamiento analizará las aportaciones recibidas y continuará con la redacción del proyecto definitivo, que deberá concretar la delimitación de la zona, las medidas de regulación del tráfico y otras actuaciones complementarias en materia de movilidad.

El consistorio defiende que este paso supone avanzar en el cumplimiento de la normativa estatal y europea sobre calidad del aire y cambio climático. No obstante, la ciudad encara ahora un proceso que debería haber estado ya culminado desde 2023, cuando la legislación fijaba la entrada en vigor de estas zonas en las principales ciudades españolas.