MURCIA. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA) mostró este viernes su “profundísima preocupación” por el decreto ley de protección integral del Mar Menor que está preparando el Gobierno porque incide en las restricciones al sector agrario sin ninguna medida en otros campos y sin “un euro de inversión pública”.

El presidente de la organización agraria, Marcos Alarcón, criticó duramente en rueda de prensa que el Ejecutivo murciano ha tenido una “interlocución mínima y deficiente” con el sector en la elaboración de este proyecto legislativo, del que solo les han informado “de forma verbal”, por lo que ni siquiera pueden hacer propuestas o alegaciones al mismo.

A pesar de ser una ley integral de protección, subrayó, hasta ahora todos los aspectos dados a conocer de la misma están relacionados con restricciones al sector agrario, que ya sufría importantes obligaciones y prohibiciones como consecuencia de la Ley de Medidas Urgentes que se aprobó en la Asamblea Regional en febrero de 2018.

Alarcón recordó que el propio presidente autonómico, Fernando López Miras, consideró que la norma aprobada en la Cámara autonómica era un ataque directo al sector y se excedía en las prohibiciones.

Sin embargo, añadió el dirigente de UPA, López Miras plantea ahora una nueva norma con medidas aún más drásticas y en la que no se hacen distinciones por el tamaño de las explotaciones o por sus características de regadío o de secano, ni se prevén indemnizaciones.

En su opinión, el presidente de la Comunidad “se ha subido a la ola cómoda de la criminalización de la agricultura”, una postura, lamentó, que se ha puesto “de moda” y en la que se culpa al sector agrario de la contaminación de toda índole.

Alarcón insistió en el “compromiso” del sector para recuperar la laguna salada acompasando los avances técnicos con la práctica agrícola para minimizar su impacto, pero ha insistido en que la nueva ley integral de protección debe orientarse hacia otros sectores que no estuvieran previamente regulados.

En su opinión, el sector agrario sí está aplicando la ley de medidas urgentes, por lo que no es necesario legislar más en ese sentido, sino perseguir los casos “particulares” de “incumplimientos puntuales”.

Por otra parte, Alarcón manifestó su malestar por el retraso en el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que ya se han embolsado en el resto de comunidades autónomas mientras que en la Región de Murcia hay pendientes unos 11.500 expedientes por valor de 60 millones de euros por la "mala gestión" de la consejería de Agricultura.

En ese sentido, denunció que la consejería no cuenta aún con un director general para la PAC, y que tampoco se ha resuelto ni uno solo de los expedientes de ayudas para modernización de explotaciones y para incorporación de jóvenes al sector, con el problema añadido de que muchos de ellos llevaban como condición realizar las inversiones antes de que acabe el año, algo que en las fechas actuales no será posible.

Se ha referido también a las “prácticas comerciales abusivas” y los continuos incumplimientos de la ley por parte de los operadores comerciales, que han provocado que en la mayoría de los productos agrarios el coste de producción sea superior al precio de venta, lo que está llevando a arrancar numerosas plantaciones, principalmente de fruta de hueso y uva para vino.

Por ello, reclamó mejorar y reforzar la Ley de la Cadena de Alimentación para hacer posible una negociación justa de los precios de los productos, así como la puesta en marcha de un plan regional par el sector vitivinicola.