MADRID. (EP) La Unión General de Trabajadores (UGT) valora las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros en materia energética, con el objetivo de abaratar el precio de la luz, pero considera que aún resultan insuficientes ante el extremado repunte de los precios.

El sindicato cree que el Gobierno tiene margen suficiente dentro del mercado eléctrico para adoptar un plan de choque más profundo en esta materia e implemente más medidas que amortiguen el impacto social de la crisis y mantengan activo el escudo social ante "estos abusos".

En este sentido, UGT reclama al Ejecutivo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que aceleren la toma de medidas eficaces, ambiciosas y suficientes que reduzcan el precio de la electricidad y aliviar así la situación de los hogares, especialmente los más vulnerables.

El sindicato remarca que se debe garantizar el cumplimiento de la normativa europea sobre el sector eléctrico, protección de los consumidores y cláusulas abusivas, de manera que el precio semirregulado (PVPC) sea conocido con una antelación suficiente que permita compararlo con otras ofertas.

Para UGT, el bono social eléctrico y térmico, tal y como está regulado actualmente, no llega a todas las personas que lo necesitan y considera que se debe modificar para que las familias puedan afrontar los gastos.

Para el sindicato, también es imprescindible acometer una reforma fiscal de la energía y cree que se debe eliminar por ejemplo, el impuesto eléctrico, un impuesto anacrónico que tuvo su origen en las ayudas al carbón y que, a pesar de que hace tiempo desapareció su "primitiva" función, se ha convertido en una forma fácil de recaudación a través de la factura.

Además, ve necesario modificar de forma permanente la reducción del IVA del 21% al 10%, medida que supondrá una disminución de la recaudación que debe ser complementada con el incremento de los impuestos directos a las rentas más altas y a las empresas que obtienen mayores beneficios.

Por último, el sindicato considera fundamental la creación de una empresa pública de la energía que regule un sistema de precios justos y sostenibles. Además, ve necesario el impulso de una estrategia de lucha contra la pobreza energética más amplia, así como un plan de vivienda, que renueve viviendas y edificios, para incrementar la eficiencia energética; y un nuevo modelo energético más sostenible, justo, equitativo, democrático y ciudadano.