La morosidad no siempre tiene que terminar en un juzgado. La mediación ofrece una vía para que acreedores y deudores negocien una solución de forma voluntaria, estructurada y con la intervención de un profesional neutral, con el objetivo de recuperar la deuda y, al mismo tiempo, evitar los costes y la tensión asociados a un procedimiento judicial.
Así lo explica Raúl Gómez Ojados, profesional de la mediación, quien señala que el proceso parte de una premisa fundamental: recuperar los canales de comunicación entre las partes para buscar un acuerdo que sea viable y pueda cumplirse.
Un proceso estructurado para abordar el impago
La mediación comienza cuando una de las partes o ambas solicitan iniciar el procedimiento. A partir de ese momento se designa un mediador y se formaliza el inicio del proceso.
En una primera sesión informativa, el profesional explica a las partes las reglas del procedimiento, sus costes, la confidencialidad y los efectos legales del eventual acuerdo.
Uno de los pasos fundamentales consiste en analizar la situación económica que ha provocado el impago. No es lo mismo una falta de liquidez temporal que una situación de insolvencia o una discrepancia sobre la propia deuda. El objetivo es determinar qué puede pagar realmente el deudor y en qué condiciones puede hacerlo.
A partir de ese análisis comienza la negociación. Las partes pueden plantear diferentes alternativas hasta alcanzar, si existe voluntad por ambas partes, un acuerdo de mediación en el que quedan recogidos los compromisos adquiridos.
Ese acuerdo puede incluir plazos de pago, quitas o modificaciones de los intereses, entre otras condiciones. Además, puede elevarse a escritura pública ante notario para dotarlo de fuerza ejecutiva.
Calendarios de pago, carencias y quitas
Una de las principales ventajas de la mediación es precisamente la posibilidad de diseñar soluciones adaptadas a cada situación. Entre las alternativas que pueden plantearse se encuentran los calendarios de pago escalonados, con cuotas inicialmente más reducidas que puedan incrementarse conforme mejore la situación económica del deudor.
También pueden establecerse periodos de carencia, durante los cuales se suspende temporalmente el pago del principal o se abordan únicamente los intereses, permitiendo al deudor reorganizar su situación financiera.
Otra posibilidad son las quitas o condonaciones parciales. En estos casos, el acreedor puede aceptar una reducción de parte de la deuda o de los intereses de demora a cambio de garantizar el cobro del resto en unas condiciones pactadas.
La negociación puede llegar incluso a fórmulas como la dación en pago o el intercambio de servicios, cuando ambas partes consideran que esa solución permite saldar la deuda.
Una alternativa antes de acudir a los tribunales
Frente a la vía judicial, la mediación plantea un procedimiento en el que son las propias partes las que mantienen el control sobre la solución. Mientras un proceso judicial termina con una decisión impuesta por un juez, en la mediación el acuerdo depende de la voluntad de acreedor y deudor.
También permite buscar soluciones más flexibles y puede contribuir a preservar una relación comercial que podría romperse definitivamente tras un litigio.
Para Gómez Ojados, la clave está en intervenir antes de que el conflicto se enquiste y las posiciones de las partes se vuelvan irreconciliables. La mediación se presenta así como una herramienta para abordar los impagos desde la negociación y tratar de convertir un problema de morosidad en un acuerdo asumible para quien debe y satisfactorio para quien tiene pendiente el cobro.
