MURCIA. Una empresa agrícola ha reclamado una indemnización de 2,6 millones de euros a la Comunidad Autónoma por los daños y perjuicios que asegura ha sufrido como consecuencia de los condicionantes y limitaciones impuestas por la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor.
En su demanda expone que en aplicación de esa normativa ha tenido que reducir la superficie de su explotación, no puede utilizar fertilizantes químicos y se ha visto obligada a contratar los servicios de un técnico especializado en fertilización ecológica.
Para la empresa reclamante, esas exigencias hacen excesivamente gravosa la explotación, hasta el punto de haber sufrido perjuicios por el importe solicitado.
La demanda ha sido sometida al preceptivo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que ha propuesto su desestimación al no existir una relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento de los servicios públicos.
Comenta el CJRM que el interés general de protección de la laguna salada debe prevalecer sobre el interés particular y económico de la demandante.
Y añade que las condiciones contenidas en la Ley responden a un objetivo constitucionalmente legítimo, como es la defensa y protección del medio ambiente.
