MURCIA (Efe). Cuatro años después de que Sara Gómez perdiera la vida el 1 de enero de 2022 tras someterse a una intervención de cirugía estética en una clínica privada de Cartagena, su familia continúa luchando en los tribunales para que se haga justicia, pero también batallan a nivel político para cambiar la ley y, a nivel social, creando una red de apoyo a otras mujeres víctimas de negligencias en operaciones estéticas.

La casa en Alcantarilla de Damián Gómez y Felisa Sánchez, los padres de Sara, es un mausoleo a la memoria de su hija: de las paredes cuelgan decenas de fotografías y retratos de la mujer, de los cuadros que ella pintaba, de los mensajes manuscritos que le enviaba a su madre, y de cientos de pingüinos, un animal que le fascinaba y que su madre atesora en todas las formas y tamaños imaginables.

Su muerte provocó un enorme revuelo en la Región de Murcia y en toda España: la mujer, de 39 años, había sido operada en un quirófano alquilado de un hospital privado de Cartagena y desde allí fue trasladada a la UCI, donde falleció un mes después.

Los pormenores de lo que ocurrió en ese quirófano, explica a Efe Rubén Gómez, el hermano de Sara, los ha tenido que ir recabando la familia en estos cuatros años ya que ni el centro donde se practicó la operación (el hospital Virgen de la Caridad, del Grupo Ribera), ni la Consejería de Salud de Murcia, lamenta, han movido un dedo en este tiempo para facilitar el proceso.

La familia tiene claro que el fatal desenlace de la operación estuvo directamente relacionado con la falta de experiencia del cirujano que la intervino, que estaba especializado en cirugía cardiovascular, pero no estética, a pesar de que se publicitaba como tal en sus redes sociales y exhibía fotos de operaciones como si fueran propias, aunque no las había hecho él.

Las cánulas que utilizó para hacer una liposucción a la víctima no estaban homologadas en España y su uso negligente le provocó lesiones en la práctica totalidad de sus órganos vitales.

A pesar del estado crítico que mostraban sus analíticas, su traslado a la UCI del hospital público Santa Lucía de Cartagena se retrasó durante más de cuatro horas, y tampoco allí fue operada cuando se detectaron los primeros síntomas de sepsis.

"Estaba aterrorizada"

Nora Gómez, la hermana menor de Sara, fue la primera que pudo verla cuando fue trasladada a la UCI: “Sara estaba aterrorizada. Estaba muy, muy, débil y tenía muchísimo miedo. Recuerdo que me dijo que se iba a morir porque le habían perforado todos los órganos, que lo había escuchado en el quirófano y había visto toda la sangre”, ha explicado.

En un primer momento, rememora su hermano Rubén, no le dieron credibilidad a esas palabras, que tristemente se confirmaron más tarde, ya que Sara tenía una treintena de perforaciones que le habían afectado a la práctica totalidad de los órganos vitales, y había perdido un tercio del volumen de sangre, lo que le provocó un fallo multiorgánico al que no pudo sobrevivir. “Sara llegó a la UCI con su sentencia de muerte firmada”, apunta Rubén.

Tras el calvario de perder a Sara después de 29 días de agonía, la familia comenzó otro largo camino, el judicial, que se prolonga ya cuatro años sin que se haya cerrado aún la instrucción: el pasado mayo, la jueza que investiga el caso consideró que había indicios para abrir juicio oral contra el cirujano y el anestesista que la operaron y contra otros ocho médicos que la asistieron en el hospital público, pero todas las partes han recurrido el auto y han solicitado nuevas declaraciones.

“Es agotador. A veces piensas que no se va a llegar a nada, pero seguimos luchando, seguimos unidos y batallando por la verdad, para que se haga justicia”, resume Nora.

Es lo que ella y Rubén le prometieron a su hermana, que “lucharían hasta el final” y, de hecho, siguieron destapando irregularidades relacionadas con la operación.

Las más destacables son quizás el hecho de que el anestesista que firmó los partes no fue quien realmente intervino en el quirófano, y el que lo hizo no podía estar allí por cuestión de incompatibilidad, y el descubrimiento de que la clínica privada no contaba con la licencia de la Consejería de Salud necesaria para hacer operaciones estéticas, sino solo de cirugía plástica y reparadora.

Denuncia contra el consejero y la 'Ley Sara'

Rubén muestra su frustración ante la pasividad de la Consejería de Salud cuando le trasladaron este tema, que no ha sido motivo de sanción o expediente para el hospital, al que finalmente se le ha concedido ese permiso en agosto de este año. La familia ha presentado este diciembre una denuncia contra el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y otros altos cargos de su departamento por ese motivo, que está siendo estudiada por el juzgado de instrucción número 1 de Murcia.

La promesa que le hicieron a Sara incluía también que ninguna mujer volviera a sufrir una situación como la suya y, para ello, se embarcaron en una lucha política para promover una nueva ley, que llegó a ser aprobada en el Congreso de los Diputados por abrumadora mayoría y publicada en el BOE en septiembre de 2022, pero que sin embargo fue paralizada por la Audiencia Nacional y no está en vigor.

La denominada 'Ley Sara' quería poner coto al intrusismo y evitar que un médico sin especialización en cirugía estética pudiera hacer ese tipo de operaciones, como ocurrió en este caso, pero fue recurrida por la Asociación Española de Cirugía Estética.

“La ley Sara tiene muchos enemigos, y esos enemigos son los propios médicos” lamenta Rubén, que critica sin tapujos el “gigante del corporativismo médico” al que sienten que llevan enfrentándose desde la muerte de su hermana, tanto en el proceso judicial como en el político.

El Gobierno central se comprometió a sacar de nuevo adelante la ley y las últimas noticias que el Ministerio de Sanidad ha dado a la familia es que volverá a ser una realidad en el primer mes de 2026.

Estas batallas no han salido gratis a la familia de Sara, que ha sido denunciada en media docena de ocasiones por el cirujano investigado y la Asociación Española de Cirugía Estética, que los acusan de atentar contra su honor.

Que no vuelva a suceder

En el lado opuesto, Felisa, la madre de la víctima, coloca el apoyo social recibido durante todo este tiempo, y que ella quiere devolver: “Yo ya lo he perdido todo, tuve que dejar mi trabajo, estoy en tratamiento psicológico, he perdido las ganas de todo. Lo que me quede, me voy a dedicar a ayudar a personas para que esto no pueda suceder”, ha dicho.

De hecho, son muchas las mujeres que acuden a la familia, algunas en busca de información antes de someterse a una operación; otras, tras sufrir una negligencia; Rubén ha apoyado incluso a la Policía Nacional en diversas operaciones relacionadas con irregularidades en clínicas de Málaga, Elche y el propio centro en el que fue operada su hermana.

“Son cientos de casos, tanto aislados como auténticas tramas. Y lo triste y lo trágico es que muchas de ellas son en Murcia. Murcia parece que es el epicentro de la corrupción sanitaria, donde alquilar un quirófano privado es más fácil que alquilar un parque de bolas, porque no hay inspecciones, no hay controles, no pasa absolutamente nada”, ha lamentado.

Cuatro años después de la tragedia, la familia sigue buscando justicia: Sara tenía dos hijos de 11 y 18 años cuando murió y hoy sería abuela. Para su padre, Damián, ellos son los grandes perjudicados de una muerte que no puede quedar impune ni caer en el olvido.