MURCIA. Podemos se mostró muy crítica con las dos últimas resoluciones judiciales. La formación morada considera que el fiscal general ha sido condenado "por un bulo" y entiende también que la sentencia absolutoria de los siete acusados del caso Novo Carthago son un "peligroso precedente". Así valora el secretario de comunicación de Podemos, Víctor Egío, la situación que se vivió este jueves con respecto a la judicatura española. Para el portavoz, “esto dice mucho del estado de la justicia en España y especialmente en la Región de Murcia”.

“Ayer la justicia de este país condenó al fiscal general por algo tan nimio como enviar una nota de prensa para desmentir un bulo y absolvió a los altos cargos del PP por algo tan grave como tratar de recalificar un espacio natural protegido en el Mar Menor para construir una urbanización y un campo de golf, todo en el mismo día”, criticaba al tiempo que acusaba al sistema de justicia de estar "corrompido, comprado, intervenido y sin ninguna credibilidad".

En su opinión, “cuando un tribunal dice que no es grosero jurídicamente construir una urbanización con campo de golf en un parque natural, automáticamente todos nuestros espacios naturales están en grave peligro. Calblanque, Sierra Espuña o El Valle pueden ser los siguientes”.

Ante esta situación, desde Podemos aseguran que no se quedarán “de brazos cruzados”: “La mayoría de nuestros espacios naturales siguen 30 años después sin planes de ordenación de los recursos naturales incumpliendo la legislación española y europea”. Por ello, llevarán el asunto a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. “Ya sabemos que del Gobierno regional no podemos esperar nada y de los jueces tampoco –concluía-. Nos queda la carta europea y la vamos a jugar hasta el final”.

Cabe recordar que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha dictado sentencia absolutoria para todos los acusados en el procedimiento abreviado 81/2019, seguido por delitos de prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales en relación con el proyecto urbanístico Novo Carthago.

Tras un mes de juicio y la práctica de más de medio centenar de testificales y periciales, el tribunal declaraba que no se ha acreditado que las resoluciones administrativas examinadas fueran arbitrarias y dictadas “a sabiendas de su injusticia”, requisitos para el delito de prevaricación. La Sala recuerda que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, el control penal debe reservarse para “los casos más graves”, no siendo suficiente la mera ilegalidad administrativa.