MURCIA. La Región de Murcia actualiza la normativa que regula las Entidades de Control Ambiental (ECA). El nuevo modelo, que entra en vigor este mismo martes con la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), pone fin a la regulación vigente desde 1998. Este marco contiene más mecanismos de agilidad ambiental y elimina trabas burocráticas, con la finalidad de aportar "más dinamismo, claridad y seguridad" a los procesos, como así explican fuentes del Gobierno regional.
Las llamadas ECA son entidades que colaboran tanto con las administración públicas como con las empresas para asesorar en asuntos ambientales, con tareas de prevención y control. Estos organismos se dedican al seguimiento, la medición y la vigilancia. También emiten informes y certificados: no en vano, verifican y validan la documentación en procesos como las peticiones de autorizaciones, comunicaciones o declaraciones responsables, los procedimientos de evaluación ambiental y las licencias en el ámbito de la calidad ambiental.
Las ECA, además, deben estar habilitadas e inscritas en un registro regional para poder operar con las administraciones y las empresas en sus labores de comprobación y verificación, si bien en ningún caso reemplazan el papel de las inspecciones ni de los controles administrativos.
Los cinco ejes
El nuevo marco de la Región incorpora cinco grandes ejes: la inscripción de oficio y simplificación administrativa; la creación de una red de apoyo especializada; más solvencia y garantías técnicas; plazos claros para los informes, así como seguridad jurídica y guías de actuación.
Con la inscripción de oficio se agiliza "drásticamente el procedimiento de habilitación y elimina trabas burocráticas innecesarias", según exponen fuentes del Ejecutivo. Así, mediante una comunicación electrónica y la acreditación de los requisitos de calidad, las entidades quedan formalmente inscritas de oficio en el Registro regional.
La nueva red de apoyo especializada crea dos figuras: las Entidades de Validación (para las funciones de verificación y validación de autorizaciones y documentaciones) y las Entidades de Medición y Análisis (para la toma de muestras, ensayo o análisis, mediciones de contaminantes).
La normativa también unifica y eleva los estándares exigiendo acreditaciones oficiales de calidad (como las normas ENAC, la entidad nacional de acreditación), "asegurando la máxima profesionalidad, independencia e imparcialidad de las actuaciones". Del mismo modo, se establecen coberturas de responsabilidad civil adecuadas para dar "total tranquilidad a los operadores".
Otra novedad es la puesta en marcha de tiempos "definidos y estrictos" para la presentación de la documentación ante la Administración con el fin de que haya una mejor previsión. Desde ahora tendrán un mes con carácter general mientras que los plazos se ampliará tres meses cuando se requieran ensayos analíticos.
Por último, el nuevo texto se acompasa a los cambios normativos actuales y prevé la elaboración de guías técnicas y modelos estandarizados, "aportando total certidumbre jurídica tanto a los titulares de las actividades como a los profesionales del sector".
En definitiva, el objetivo de estas medidas de simplificación busca "fortalecer un entorno favorable para la inversión y la creación de empleo" compatibilizando "el crecimiento económico con la conservación del medio ambiente".