MURCIA. El Gobierno regional se planta ante el Ejecutivo central y recurrirá al Tribunal Constitucional el reparto de menores inmigrantes a las comunidades autónomas, pactado entre el PSOE y Junts per Cataluña. La Comunidad, tras analizar este jueves en el Consejo de Gobierno el pacto para reformar el artículo 35 de a Ley de Extranjería y, así, distribuir los menores por todo el país, entiende que es "injusto, indigno y sectario" y por ello acudirá a los tribunales (interponiendo un recurso de inconstitucionalidad) porque la Región de Murcia "está desbordada", con "los recursos saturados" y aquejada también por su propia presión migratoria, y que recibe a personas inmigrantes en sus costas. 

"Estamos hartos de los acuerdos bilaterales con los independentistas que nos afectan a todos", lamentaba en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, quien piensa que es un "insulto" que se acuerde un pacto con el partido de Carles Puigdemont tan sólo un día después de convocar una Conferencia Sectorial de Inmigración con todas las comunidades autónomas.

El Ejecutivo murciano considera que es "imprescindible actuar en los países de origen", defiende que hay que "implicar a la Unión Europea", así como "escuchar a todas las comunidades autónomas" y, sobre todo, esgrime que el Gobierno de España debe dar financiación a los territorios autonómicos. "El año pasado pusimos el 95% de los costes, con 15 y 16 millones sufragados por la Comunidad, frente a los 850.000 euros que dio el Gobierno de España", se quejaba Ortuño. La Región recibió a 534 menores inmigrantes en 2024 "sin recibir la financiación necesaria para ello". Además, "hay un campamento en Cartagena con más de 1.000 inmigrantes procedentes de Canarias y muchos de ellos son reconocidos como menores", agregaba, admitiendo que no existe un dato "fijo", sino que "hay un movimiento constante de cifras".

"Mientras esto no suceda [mientras no se tomen medidas], la Región de Murcia no puede acoger a más menores", aseveraba el mandatario, que sostiene  que la Región "es una tierra solidaria y acogedora, pero no puede ni debe soportar más presión migratoria porque los recursos están tensionados al máximo". 

"Otra cesión más para seguir en La Moncloa"

Ortuño, además, cargó contra el pacto con Junsts, porque piensa que es un "traje a medida para los independentistas" y "otra cesión más para seguir en La Moncloa". En su opinión, los menores migrantes no acompañados son para Sánchez "una mercancía, paquetería exprés o una moneda de cambio para seguir en La Moncloa, como ya ha sucedido con la amnistía, los indultos o la condonación de la deuda a Cataluña". Por eso, añadía, "no nos vamos a quedar de brazos cruzados".

El portavoz afea que el Gobierno de Sánchez no tiene una política de Estado para hacer frente a la presión migratoria que vive España. "Es una cuestión de Estado, pero lo que hacen es dividir y descargar la responsabilidad de las comunidades autónomas", criticaba mientras enfatizaba que están hartos "que no respeten la cogobernanza" y que "no tengan en cuenta a la Región de Murcia". En definitiva, apostillaba, "estamos hartos de las políticas de imposición del Gobierno de España".

El dirigente concluyó ironizando que es "curioso" que un partido como Junts, que "no gobierna en ningún sitio", "marca la política migratoria en España". Un partido dirigido, además, "por un prófugo de la justicia". Es "inaudito".