MURCIA. Lo hizo ante el Tribunal Constitucional y ahora lo hace ante el Supremo. El Gobierno regional ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el alto tribunal contra el decreto 658/2025, que regula el reparto de menores inmigrantes no acompañados en las comunidades autónomas, aprobado en julio por el Ejecutivo central. "Es un atropello político y jurídico", denunció el portavoz de la Comunidad, Marcos Ortuño, tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, celebrado este jueves.

En agosto, el Consejo de Ministros aprobó el decreto y fijó que la Región de Murcia tiene que disponer de una capacidad ordinaria de 517 plazas paralos menores inmigrantes. El texto fija el procedimiento de reubicación y traslado de los menores.

Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico entienden que "la norma invade competencias de la Región de Murcia en materia de protección de menores, una tarea que es competencia de la Comunidad". El consejero también adujo que el texto "vulnera" el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. "El Gobierno central no ha asegurado la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados, ni ha llevado a cabo una previsión económica de lo que supondría esa atención durante el tiempo que dure la acogida", expuso Ortuño.

El Ejecutivo murciano también sostiene que "se quiebra" el principio de lealtad institucional con un decreto "impuesto de espaladas a las autonomías, sin diálogo ni consenso" y es "improvisado y sin fundamento". La Comunidad, en concreto, lamenta que no se ha debatido en el órgano pertinente, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

En palabras de Ortuño, "quieren que asumamos competencias directas del Estado sin recursos ni planificación" mientras "el Gobierno de Sánchez sigue de brazos cruzados ante el problema de la inmigración irregular". El decreto, además, señala que "las autonomías deben remitir al Estado el número de plazas de acogida que disponen para personas menores de edad extranjeras no acompañadas, y aportar la cifra de las que están siendo atendidas por su sistema de protección".

Sin embargo, el Gobierno considera que esa petición es "una discriminación directa de los menores migrantes, ya que, según la legislación de protección a la infancia, no pueden ser atendidos de forma distinta en función de su procedencia o nacionalidad".

Además, añaden, "en la Región de Murcia no hay centros específicos de menores migrantes, ya que la Comunidad apuesta por la integración de estos menores atendiendo a sus necesidades y circunstancias específicas. No existen recursos específicos en función de la nacionalidad de los menores tutelados".