MURCIA. ¿Cuál será la posición de la Región de Murcia ante el reparto de menores inmigrantes llegados a Ceuta? La Comunidad no ha querido despejar esa respuesta porque "no tiene ninguna noticia" del Gobierno de España sobre el asunto. "No nos ha contactado", señaló la portavoz regional, Marisa López Aragón, quien esgrimió que el Ejecutivo central tiene que, primero, "informar" a las autonomías y, segundo, "sentarlas" porque "no todas las comunidades tienen la misma situación".
Y la Región, que "es puerta de entrada", no está en la mejor de las situaciones, vino a decir. "El sistema regional de protección se encuentra al límite, tenemos los servicios saturados", enfatizó la consejera, que detalló que solamente en el último mes llegaron 132 menores inmigrantes no acompañados al litoral regional, de los que 20 jóvenes accedieron el pasado fin de semana.
"La Región siempre ha demostrado su compromiso y su solidaridad con la protección de los menores", defendió López Aragón, pero puntualizó que la solidaridad "no se puede confundir con obligar a las comunidades a asumir nuevas responsabilidades sin proporcionarles los medios necesarios". El Gobierno regional, remarcó, "no dispone de la información ni de la financiación necesarias para atender nuevas derivaciones con las garantías que necesitan los menores".
La portavoz también criticó la gestión del Gobierno de España en la crisis de Ceuta, que el Estado "pudo haber evitado con una actuación eficaz y firme", y afeó que "pretenda que las comunidades asuman las consecuencias de su ineficacia". Por todo ello, y porque la inmigración "es una competencia del Estado", incidió en que "no se puede imponer a las comunidades obligaciones que materialmente no pueden asumir y al mismo tiempo negarles los recursos".
La consejera, por tanto, no enfatizó un 'no' a la acogida de menores (tampoco lo contrario), pero sí puso de manifiesto las dificultades que soporta. Eso sí: declaró que su Gobierno "como cualquier otro, cumple siempre las leyes y la Constitución". Cabe recordar que la ley obliga a las comunidades a asumir la tutela de los niños y jóvenes migrantes si otra autonomía se encuentra en situación de contingencia.
Este escenario tiene además una lectura política, pues pone a prueba las alianzas de PP y Vox, que acordaron no asumir más menores inmigrantes en los territorios que gobiernan. En el caso de Murcia, el PP gobierna en solitario, pero necesita a Vox para los Presupuestos.
El PSOE avisa: "Cumplir la ley no es opcional"
Tras conocer las palabras del Gobierno, desde la oposición recuerdan que el cumplimiento de la Ley de Extranjería "no es opcional". La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, solicita al presidente regional, Fernando López Miras, que actúe "con la misma solidaridad que reclama para la Región de Murcia" ante el reparto de menores migrantes no acompañados.
Gadea aduce que la legislación establece que, cuando un territorio supera su capacidad de acogida, el resto de comunidades deben colaborar para garantizar la atención de los menores. "No se puede pedir ayuda para uno mismo y negársela a los demás", afirma.
