La Comunidad recurrirá la sentencia que le obliga a pagar 160 millones por el aeropuerto de Corvera

MURCIA (EFE). La Comunidad de la Región de Murcia ha anunciado este martes que recurrirá la sentencia del juzgado de lo Mercantil 9 de Madrid que condena al Ejecutivo regional a abonar 143,7 millones de euros a la antigua Sociedad Concesionaria del Aeropuerto de Murcia, actualmente en liquidación y participada por Sacyr con un 60 %, por las inversiones realizadas en la infraestructura. A esta cifra habría que sumarse los intereses, estimados en unos 17 millones. Así, en total serían unos 160 millones de euros.

El consejero de Fomento e Infraestructuras murciano, Jorge García Montoro, ha avanzado que presentará un recurso de apelación. Considera que se trata de “un pronunciamiento judicial más” dentro de los distintos procedimientos abiertos en torno a la liquidación del aeropuerto.

García Montoro ha explicado que la resolución “no ha tenido en cuenta el nuevo saldo de liquidación efectuado en enero de este año”, que arroja un resultado de 61 millones de euros a favor de la Comunidad, actualmente recurrido por la sociedad concesionaria. Esa cifra deriva de la diferencia entre las inversiones reconocidas (143 millones) y los daños y perjuicios valorados en 204 millones.

“El Gobierno regional seguirá defendiendo los intereses de la Región de Murcia para que la anterior concesionaria asuma las consecuencias de sus incumplimientos, que impidieron la apertura del aeropuerto en 2012 como estaba previsto”, ha subrayado el consejero, quien ha manifestado su “plena confianza en que los tribunales acabarán dando la razón a la Comunidad”.

García Montoro ha destacado asimismo que los funcionarios públicos de la CARM "han actuado en todo momento con exquisita diligencia para cumplir la legalidad y proteger el interés general”, recordando que “han sido los tribunales los que han tumbado la multitud de recursos presentados por la exconcesionaria".

El consejero ha añadido que, en cualquier caso, “si se ejecutara la sentencia, el dinero de la Comunidad saldría y volvería a entrar en las arcas autonómicas”, al ser la Comunidad uno de los principales acreedores en el proceso de liquidación.