MURCIA (EFE). El Gobierno regional ha mostrado su rechazo al nuevo reparto de menores migrantes no acompañados aprobado por el Ejecutivo central, que contempla el traslado de 133 menores a la Región.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha cuestionado la distribución de menores, señalando que no incluye derivaciones hacia comunidades como el País Vasco y Cataluña.

Según el Ejecutivo murciano, esta decisión busca "favorecer políticamente" a estos territorios para garantizar el apoyo del presidente Pedro Sánchez.

En declaraciones oficiales, el Gobierno regional ha calificado el reparto de "impuesto" y ha reiterado que el Real Decreto que lo regula es "inconstitucional", ya que invade competencias autonómicas en materia de protección de menores. En respuesta, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la aplicación de esta normativa.

La Comunidad Autónoma también ha cuestionado la financiación asignada por el Gobierno central para la atención de los menores trasladados. Según fuentes regionales, el presupuesto de 7 millones de euros es "ridículo, mísero e insuficiente", lo que imposibilitaría garantizar una acogida "digna" para los menores en situación de vulnerabilidad.

Además, el Ejecutivo murciano sostiene que la falta de recursos pone en riesgo la calidad de los servicios de protección que se les debe ofrecer.

El Ministerio de Infancia y Juventud ha defendido el reparto como una medida "urgente y necesaria" para garantizar los derechos de los menores migrantes. Este sistema de solidaridad entre comunidades autónomas busca aliviar la presión sobre Canarias, región que ha recibido un número récord de menores migrantes no acompañados en los últimos meses.