MURCIA (EP). El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley del PP para modificar la Ley de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia con el objetivo de endurecer las sanciones por conductas que provoquen incendios y otras emergencias y permitir la repercusión de los costes derivados de la movilización de los servicios públicos.
El diputado del PP Alfonso Cerón ha defendido que quien cause un daño "bien por negligencia o bien de forma malintencionada" en el patrimonio medioambiental, poniendo en peligro la vida y la seguridad de las personas y obligando a movilizar recursos públicos, "debe asumir su responsabilidad y reparar el daño causado". La iniciativa plantea actualizar las cuantías de las sanciones. Según se ha expuesto durante el debate, las infracciones graves pasarían a estar castigadas con multas de hasta 60.000 euros y las muy graves podrían alcanzar el millón de euros.
Cerón ha asegurado que la modificación "no tiene un efecto recaudador", sino "preventivo y disuasorio", y ha explicado que la propuesta incorpora como infracciones graves y muy graves aquellas conductas que, por imprudencia grave o dolo, generen la movilización de servicios de Emergencias y Protección Civil, además de establecer un mecanismo para repercutir sus costes.
El parlamentario popular ha señalado que este verano se han producido 134 incendios forestales en la Región, que han quemado 628 hectáreas, y ha destacado los registrados en Los Garres y en la falda de Sierra Espuña, en Aledo. Según Cerón, 111 de esos incendios, el 83%, quedaron en conatos gracias a la actuación de los servicios de emergencias. "Si con esta nueva medida por efecto disuasorio conseguimos disminuir el número de incendios forestales provocados, sin duda habrá merecido la pena modificar la ley", ha afirmado.
Desde el PSOE, Fernando Moreno ha advertido de que la iniciativa "por sí sola no es suficiente" para resolver el problema de los incendios forestales y ha cuestionado el efecto disuasorio que puede tener elevar las multas. "La sanción tiene que existir, estamos de acuerdo, y tiene que aplicarse cuando corresponda, pero la sanción llega siempre después del problema", ha afirmado Moreno, quien ha defendido que "la prevención es la medida más eficaz".
El socialista ha reclamado la limpieza y gestión de los montes, la retirada de combustible vegetal, el mantenimiento de las zonas de interfaz urbano-forestal y medios humanos suficientes. También se ha referido a la situación de los bomberos forestales y ha señalado que el acuerdo alcanzado este año entre el Gobierno regional y los sindicatos contempla aumentar el dispositivo de 350 a 379 profesionales y mejoras en estabilidad y condiciones laborales, aunque, según ha indicado, estas medidas entrarían en vigor, "en el mejor de los casos", en 2028.
Por parte de Vox, Ignacio Arcas ha cuestionado la eficacia que tendrá el aumento de las sanciones para evitar incendios provocados y ha puesto en duda que multas de hasta un millón de euros puedan cobrarse a sus responsables en determinados casos. Igualmente ha cuestionado la tramitación seguida por la iniciativa y ha señalado que los servicios jurídicos de la Cámara han advertido de posibles dudas en la redacción propuesta para la repercusión de los costes de los servicios de intervención. El diputado ha anunciado que Vox presentará enmiendas durante la tramitación parlamentaria para intentar corregir los aspectos que considera deficientes y conseguir que el texto tenga "la efectividad oportuna".
La diputada de la coalición Podemos-IU-Verdes-Alianza Verde María Marín, integrada en el Grupo Mixto, ha calificado la reforma como "lo de siempre, mucho ruido y pocas nueces" y ha sostenido que "no va a servir absolutamente de nada". Marín ha cuestionado que el endurecimiento de las sanciones sea suficiente para prevenir los incendios y ha defendido otras actuaciones, entre ellas la retirada de árboles secos, la mejora de las condiciones de los bomberos forestales y la adopción de medidas preventivas en las zonas urbanas próximas a los montes.
La diputada ha recordado, además, que la Asamblea aprobó por unanimidad en junio de 2025 una iniciativa para instalar un sistema de cañones de agua y depósitos destinado a proteger áreas urbanas próximas al monte, y ha reprochado al Ejecutivo regional que, según ha afirmado, no haya ejecutado esa medida.
Una vez aprobada la toma en consideración, la Mesa de la Cámara abrirá el plazo para las propuestas de audiencias legislativas y remitirá el texto a la comisión correspondiente para continuar su tramitación.
