MURCIA (EP). Jueces y fiscales se han manifestado este miércoles con un paro de diez minutos a las 12.00 horas en las sedes judiciales de todo el país, entre ellas la Ciudad de la Justicia de Murcia y el Palacio de Justicia de Cartagena, para reclamar la retirada de dos reformas impulsadas por el Gobierno que pretenden modificar el acceso a ambas carreras y la estructura de la Fiscalía porque, a su juicio, buscan debilitar el Poder Judicial "en su función de contrapeso del poder político". Así, han avisado de que, si no se atiende su petición, no descartan ir a huelga.

Representantes de todas las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, han leído un manifiesto ante sus compañeros de carrera para exponer los argumentos por los que consideran que es necesario frenar las iniciativas legislativas defendidas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han recordado que la Constitución "implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía".

Y, al hilo, han advertido de que "esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".

Se refieren, en concreto, al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal --que el jueves se enfrenta a su primer examen en el Congreso-- y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). "Iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro", han incidido.

"No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente", alertan.

Oposición a las reformas

Las asociaciones han subrayado que la reforma de acceso a ambas carreras -"tramitado injustificadamente por vía de urgencia"- "no responde a demanda social alguna". Y han recordado que, además, "ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

"Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración", han apuntado.

También han criticado que el texto legislativo incluya medidas, "como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces", y que pretenda "crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".

Asimismo, reprochan al Ejecutivo que ponga "falsamente a Europa como excusa" para modificar la base de ambas carreras "convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".

En contra de aumentar las competencias del fiscal general

En el marco del manifiesto, las asociaciones también han criticado la redacción del anteproyecto de ley que reforma la Fiscalía. "Se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo", señalan.

Y recalcan que ello, "sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".

Las firmantes, además, lamentan que todas estas reformas tengan lugar en "un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos".

Cuando las asociaciones anunciaron su convocatoria de paro el pasado 23 de mayo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró en declaraciones a la prensa a la salida del Senado que los "temores" de las asociaciones eran "infundados".

Desde Vox en la Región de Murcia, su líder, José Ángel Antelo, ha mostrado su "firme apoyo" a la manifestación convocada por jueces, fiscales y habilitados nacionales en defensa de la legalidad y la separación de poderes "frente a las injerencias" del Gobierno de Pedro Sánchez. “Desde Vox apoyamos la manifestación de nuestros jueces, fiscales, habilitados nacionales que están defendiendo la democracia y la legalidad vigente frente a un Gobierno que quiere hacer absolutamente lo contrario”, ha declarado.

Antelo también señala al presidente del Gobierno y a su entorno como responsables de una deriva autoritaria que amenaza el orden constitucional: “Frente a Pedro Sánchez y frente a toda la corrupción que le rodea, nuestros jueces son el último pilar para que la democracia siga imperando en España y no esa autocracia que busca el socialismo”. También ha cargado contra el fiscal general del Estado, a quien ha acusado de actuar al servicio exclusivo de los intereses del Gobierno: “El fiscal general de Sánchez trabaja exclusivamente para los intereses de un Gobierno, de una mafia, de un señor que quiere destruir nuestra Constitución”.