MURCIA (EP). El informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del ejercicio 2023 apunta "graves desajustes financieros y presupuestarios", según el documento recogido este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El órgano fiscalizador ha emitido una "opinión modificada con salvedades" al señalar que el resultado presupuestario ajustado real arroja un saldo negativo de 131,2 millones de euros, en lugar de los 306 millones positivos declarados originalmente por el Ejecutivo autonómico.

Esta "sobrevaloración contable", que asciende a 437,3 millones de euros, se debe principalmente a la "falta de cobertura de las pérdidas ordinarias" del Servicio Murciano de Salud (SMS), valoradas en 432,5 millones de euros en ese año.

La auditoría pone de manifiesto que el SMS arrastra un "déficit acumulado histórico sin cobertura financiera" que alcanza los 3.724 millones de euros.

Debido a este pasivo, el remanente de Tesorería a corto plazo de la comunidad presenta una sobrevaloración masiva de 3.758,8 millones de euros, situando el indicador real en un saldo negativo de 1.865 millones de euros, frente al saldo positivo que figuraba en balances oficiales.

Asimismo, el informe alerta sobre una "elevada dependencia de la financiación del Estado", que representa el 30% de los ingresos totales de la Región mediante un endeudamiento de 2.379,6 millones de euros.

La deuda viva total de la Comunidad escaló hasta los 12.139,1 millones de euros, estando el 93% de la misma ligada a los mecanismos extraordinarios de financiación estatal.

Por su parte, el sistema de financiación autonómica aportó el 57% de los ingresos, reflejando un saldo negativo de 231,4 millones de euros en el Fondo de Suficiencia Global por defectos estructurales en su diseño.

En el apartado de cumplimiento legal, el Tribunal de Cuentas resalta que la Región de Murcia cerró el ejercicio con un déficit del 2,3% de su PIB, multiplicando por casi ocho la tasa de referencia del 0,3% fijada para las comunidades autónomas.

También se detallan hechos como la retención "indebida" de subvenciones no aplicadas por parte de organismos como el SMS o el INFO, la existencia de 286,4 millones de euros en proyectos de inmovilizado bloqueados sin depurar desde el periodo 2002-2019, y la falta de seguros de responsabilidad civil o de daños en los 73 inmuebles gestionados por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), valorados en más de 81 millones de euros.

La fiscalización analiza las deficiencias de la cuenta general que, por "restricciones de la normativa autonómica actual", solo integra a la Administración General y a sus cinco organismos autónomos, dejando fuera a 35 de las 41 entidades que conforman la totalidad del sector público regional, lo que, según el informe, "impide una evaluación integral de la salud financiera de la Comunidad".