MURCIA. El Gobierno de la Región de Murcia mostró este lunes su "firme rechazo" al acuerdo anunciado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para ceder la recaudación del IRPF a esta comunidad. Este acuerdo de financiación ‘singular’ para Cataluña supone, entre otras cosas, que esta autonomía deje de aportar más de 25.000 millones de euros a las arcas del Estado, según lamentan desde la Comunidad.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, denunció que este acuerdo “es uno más de los privilegios de Sánchez a sus socios secesionistas, unos privilegios que están creando una España de comunidades ricas y otra de comunidades pobres”.

En cuanto a la posibilidad apuntada por el Gobierno sobre que el acuerdo pueda hacerse extensible a otras comunidades, el titular de Hacienda dejó claro el rechazo del Gobierno de la Región de Murcia.

“Para el presidente del Gobierno, los derechos de los españoles son una mercancía que utiliza para seguir en el poder. Está fracturando el modelo de Estado por intereses partidistas en lugar de abordar una reforma del modelo de financiación multilateral, transparente y justa que beneficie a todas las comunidades. Sánchez e Illa han ido más lejos que cualquier gobierno independentista, y la Región de Murcia no va a permanecer callada ante una deriva que margina a quienes cumplimos las reglas y defendemos el interés general”.

En este sentido, Marín denunció que el cupo separatista pactado “es ilegal y corrupto, y responde única y exclusivamente al interés personal del presidente del Gobierno por seguir en la Moncloa. Pactar la cesión de la recaudación del IRPF a Cataluña es inadmisible; es un atropello a la igualdad entre comunidades que rompe la igualdad entre los españoles y dinamita el Estado de las Autonomías”.

El sistema pactado para Cataluña, según las primeras informaciones conocidas hoy, prevé no solo un trato singular para esta comunidad, sino que incluye un mecanismo para limitar la capacidad del resto de comunidades autónomas para revisar al alza o a la baja sus impuestos.

El consejero de Hacienda subrayó que de confirmarse esta medida, se trataría “de un ataque inadmisible y sin precedentes a la capacidad normativa de las comunidades y a su autonomía fiscal contemplada en la Constitución y protegida por esta”.

Este cupo separatista, a juicio del titular de Hacienda, “no solo carece de base legal en el marco de la Constitución y de la Ley Orgánica de Financiación para las Comunidades Autónomas (LOFCA), sino que además se realiza de espaldas al resto de comunidades y sin pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano legalmente establecido para plantear estos debates”.