MURCIA (EFE). El presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, ha considerado que el “elemento pernicioso de la migración” es que las personas se encuentren en situación irregular, ya que es “dramático” para ellos y también “un despilfarro de energía y capacidades para el país”, por lo que ha insistido en la importancia de articular mecanismos extraordinarios de regularización como el que trabaja el Gobierno central.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en Murcia, donde ha presentado este martes el informe “La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas”, en el que se analiza el peso de las personas extranjeras en nuestro país, que son ya 10 millones, lo que hace de España el cuarto país del mundo en volumen absoluto de migrantes, solo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Para Costas, la regularización extraordinaria que plantea el Gobierno central es necesaria porque “es la única manera de incorporar a una población con todos sus derechos y deberes” y eliminar la “peniciosidad” que genera el no tener papeles.

Estar en situación irregular, ha defendido, “es dramático para las propias personas que no tienen papeles” y a la vez “es un despilfarro de energías y de capacidades para el país”, dado que estas personas no pueden trabajar legalmente, están más explotadas y tienen más probabilidades de estar en la situación de precariedad y pobreza, por lo que el país no se “beneficia” de sus capacidades”.

Aunque la mayor parte de la población migrante está en situación regular, Costas ha subrayado que el fenómeno migratorio en España tiene la particularidad de que ha sido muy rápido, se ha desarrollado en apenas dos décadas frente a los 60 o 70 años que ha tardado en consolidarse en otros países, lo que hace indispensable esos procesos de regularización extraordinaria.

De hecho, ha habido ya seis de esos procesos de regularización, y ese rápido incremento de la población migrante, ha considerado, puede explicar el cambio en la percepción que la población española tiene de estas personas.

Así, ha señalado, tradicionalmente España ha tenido "una percepción amable, de acogida” sobre los migrantes que ha cambiado recientemente y de manera rápida, y el experto se ha preguntado si ese cambio es fruto de que los españoles han tenido cambios en sus propias vidas derivados de la llegada de estas personas, o bien, como apunta el informe, es una percepción que tienen sobre el impacto de la inmigración en el conjunto del país.

En este sentido, ha destacado que el aumento de la población migrante, concentrada especialmente en ciertas zonas, no ha ido acompañado “de un aumento similar o de una mejora similar en la calidad de los servicios públicos fundamentales”.

Para el experto, “este punto ciego, el no haberse dado cuenta de que una concentración elevada de población en lugares determinados exigía también una mejora importante en los servicios públicos fundamentales, puede estar generando esa percepción negativa de la migración entre los españoles.

Por ello, el informe concluye que es necesario que el estado dé más capacidad a las administraciones locales para mejorar esos servicios públicos, porque es en el ámbito de lo local donde se produce o no la integración de los inmigrantes y la cohesión social.

Además, ha subrayado como rasgo diferencial de la migración en España el hecho de que más de la mitad de las personas extranjeras son mujeres, por lo que ha hecho también hincapié en que las políticas públicas sobre inmigración deben tener una perspectiva de género para abordar la doble discriminación que sufren estas mujeres, como mujeres y extranjeras.

También como rasgo diferencial de la migración en España destaca su distribución geográfica desigual, concentrada principalmente en el arco Mediterráneo, desde Cataluña a Andalucía.

En esta área más concentrada está la Región de Murcia, donde la población migrante está en torno al 20 por ciento del total y donde entre el 60 y 70 por ciento de los trabajadores son extranjeros en el caso del sector primario.

“En términos de actividad económica [la inmigración] nos aparece como un componente fundamental en el ámbito de lo que son actividades agrarias y servicios, por lo tanto, es difícil concebir el mantenimiento de una actividad económica” si esa población, ha subrayado.

El informe analiza también los efectos económicos y laborales de la inmigración en España desde la perspectiva de las condiciones de vida de los inmigrantes y su integración laboral y concluye que hay "brechas importantes” en términos de salarios y de calidad de empleo con respecto a los autóctonos, pero que se diluyen y convergen a los cinco años de la llegada de estas personas.

Esa convergencia, según el informe, es mayor en el caso de las mujeres, y menor en el caso de las personas de origen africano.

En cuanto a los efectos que los migrantes tienen en el empleo de los autóctonos, no se encuentran efectos negativos en los salarios, y se percibe una mejora en la calidad del empleo, que logran mejores trabajos, porque los de rangos más bajos son ocupados por los extranjeros.

Por último, y entre otros aspectos, el estudio concluye que no hay un mayor consumo de prestaciones sociales, pensiones y otras ayudas por parte de la población migrante respecto a la española en términos generales.