MURCIA. Comisiones Obreras (CCOO) alerta de que los nuevos Tribunales de Instancia de la Región de Murcia necesitarán entre 150 y 200 funcionarios más para evitar el colapso del servicio público de Justicia.
Según las estimaciones del sindicato, habría que crear esta cantidad de nuevos puestos de personal funcionario entre todos los partidos judiciales de la Región de Murcia para cubrir adecuadamente el incremento de actividad y carga de trabajo. Al fin y al cabo, se van a crear 19 unidades judiciales y 7 fiscales.
Conviene recordar que la Región de Murcia es una de las comunidades con mayor atasco judicial en toda España, especialmente en la jurisdicción civil. CCOO achaque esta situación a que ha existido un déficit de dotación de nuevas plazas de personal en los últimos años, ya que todas las plazas de jueces y fiscales creadas desde 2024 lo han sido sin incrementar las plantillas de personal funcionario tanto en los órganos judiciales como en la fiscalía de la comunidad autónoma.
Además, también destaca que, tras un año de implantación de la nueva organización de Tribunales de Instancia, en la mayoría de los partidos judiciales de la región y de seis meses en los partidos más grandes como Murcia, Cartagena y Lorca, las graves deficiencias de personal está provocando una saturación tanto en las cargas de trabajo que soportan los trabajadores en servicios tan delicados como violencia sobre la mujer, familia y social, entre otros, como en el retraso de la tramitación de asuntos: "Todo ello formará la tormenta perfecta sobre la Justicia de la Región que la creación por sí sola de 19 plazas de jueces y 7 de fiscales no va a resolver", subraya el sindicato.
Por tanto, CCOO incide en que el Ministro Bolaños ha demostrado tener un “peculiar” concepto de la eficiencia, sin costes de personal, y ha “publicitado” sin ruborizarse que el nuevo modelo de Tribunales de Instancia supone un cambio significativo en los costes de la ampliación judicial: “Mientras que la creación tradicional de un juzgado se estima en unos 500.000 euros, la asignación de un juez a una sección especializada dentro de este nuevo modelo cuesta alrededor de 100.000 euros”. En el mismo sentido, lamenta que "está claro que ese ahorro lo proporcionará la sobrecarga de trabajo del personal funcionario".
Así, concluye que "la famosa Ley de Eficiencia se traduce en un abaratamiento del sistema, trasladando el coste a la sobrecarga del personal existente, y desde CCOO no podemos estar más en desacuerdo y exigimos al ministerio que se incremente en igual proporción la plantilla del personal".
