MURCIA (EFE). La oposición lee la cartilla al presidente de la Comunidad por los episodios políticos de la semana pasada: el asalto al Ayuntamiento de Lorca y la crisis desatada la pasada semana en el seno de la Consejería de Educación y Cultura. El PSRM-PSOE ha asegurado que la "crispación" generada por el PP en el asalto al Consistorio lorquino, la detención del ex director general de Carreteras, las dimisiones de altos cargos de la comunidad y el conflicto en la consejería de Educación y Cultura han visibilizado en la última semana un Gobierno regional "débil, bloqueado y dividido".

En una rueda de prensa, la portavoz y diputada autonómica del PSRM-PSOE, Carmina Fernández, ha explicado este lunes que los incidentes de Lorca fueron "consecuencia" de una forma de hacer política, por parte de PP y Vox, basada en la "crispación, la manipulación y la demagogia", con el objetivo de "desgastar" al PSOE y al Gobierno central.

Fernández también ha enmarcado la investigación por prevaricación contra el ex director general de Carreteras, José Antonio Fernández Lladó, en la voluntad de utilizar el ayuntamiento de Alguazas para "su beneficio", y ha pedido aclarar el papel desempeñado por los cargos municipales.

También ha vinculado la posible reestructuración de la consejería de Educación y Cultura con la "descomposición pública" de este departamento por las "peleas" de los diputados expulsados de Vox, que demuestra, a su juicio, que el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, está "atado, bloqueado y condicionado" por "tránsfugas".

En este sentido, la portavoz regional socialista se ha preguntado "cuál será el próximo precio a pagar" por López Miras para mantener la mayoría parlamentaria en la Asamblea Regional, que depende de siete parlamentarios expulsados de Vox y de Cs.

Fernández también ha aludido a la dimisión "no aclarada" del director general de Presupuestos y Fondos Europeos, Pedro Soto, y a la "negligente" gestión de la petición de fondos europeos de la vicepresidenta, Isabel Franco, en la convocatoria para repartir 109 millones de euros del Ministerio de Inclusión para proyectos de innovación.

Para la diputada autonómica del PSOE, Franco "no hizo su trabajo" al no optar a estas partidas y ha cambiado "cinco veces" su versión en este asunto, por lo que la ha emplazado a "dejar de quejarse y ponerse a trabajar".

En resumen, Fernández ha enmarcado estos hechos como muestra de la existencia de un ejecutivo autonómico "atado y condicionado" por diputados "tránsfugas" y hecho con "retales y sobras de otros partidos".

"Transfuguismo es corrupción" y sus consecuencias, ha recordado la portavoz regional del PSOE, son que haya un Gobierno regional "débil, corrupto e incompetente".